PALMA DE MALLORCA.- La Fiscalía Anticorrupción apunta, en un escrito de 72 páginas, al "ejercicio arbitrario del poder" por
parte de las autoridades de Baleares y la Comunidad Valenciana para que
el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su exsocio Diego Torres, pudieran
"enriquecerse" como adjudicatarios 'a dedo' de los proyectos Illes
Balears Forum y Valencia Summit, que costaron a las arcas públicas un
total de 5,9 millones de euros.
"La causa principal de los contratos administrativos nunca puede ser
el enriquecimiento del adjudicatario, sino el quehacer útil y oportuno
para la causa pública", subraya el fiscal Pedro Horrach en su informe de
alegaciones, presentado esta semana en el marco del caso Nóos.
En este sentido, el representante del Ministerio Público recalca cómo
los responsables de las Administraciones públicas, "de común acuerdo"
con Urdangarin y Torres, tomaron decisiones administrativas "arbitrarias
e injustas", en tanto que fueron adoptadas "al margen del preceptivo
expediente administrativo, toda vez que la apertura del mismo hubiera
impedido u obstaculizado la consecución de la ilícita finalidad de
beneficiar" a ambos exsocios.
Mediante su escrito, el fiscal se opone a los recursos interpuestos
por varios imputados del caso Nóos contra el mantenimiento de su
imputación en la causa.
De este modo, solicita a la Audiencia Provincial de Baleares que se
mantenga en pie el proceso penal contra Urdangarin, Torres, su mujer,
Ana María Tejeiro, los hermanos de ésta, Miguel y Marco Antonio Tejeiro,
el expresidente del Govern Jaume Matas, el exgerente de la Fundació
Illesport Gonzalo Bernal, los exaltos cargos de la Generalitat
Valenciana Jorge Vela, Manuel Aguilar, Luis Lobón y Elisa Maldonado, y
la exconsejera de la Fundación Madrid 16 Mercedes Coghen.
Asimismo, se opone a los recursos interpuestos por los concejales del
PSPV en el Ayuntamiento de Valencia, que solicita que el vicealcalde,
Alfonso Grau, vuelva a ser imputado; y de Manos Limpias, que pide que se
reabra la causa contra Grau y el secretario personal de las Infantas,
Carlos García Revenga, entre otros.
Tal y como incide Horrach en su escrito, los contratos y convenios de
colaboración investigados en esta causa, y que dieron lugar a la
celebración de dos foros sobre turismo y deporte en Palma (en 2005 y
2006, por 2,3 millones de euros) y de los de Valencia (en 2004, 2005 y
2006, por 3,6 millones), fueron "fruto de una actividad delictiva
premeditada" y el resultado de decisiones administrativas "arbitrarias
cuya finalidad era beneficiar económicamente a personas concretas".
"El ejercicio arbitrario del poder, proscrito por el artículo 9.3 de
la Constitución, es un elemento decisivo de la actuación prevaricadora",
asevera el fiscal, quien hace hincapié en la "importancia de la
contratación pública, que representa un volumen muy importante del
presupuesto de cualquier organismo público, y en la necesidad de
respetar las exigencias legales para reducir al máximo las parcelas de
comportamientos corruptos".
Sin embargo, en el caso de las decisiones adoptadas por la
Administración para beneficiar a Nóos, Horrach apunta cómo se vulneraron
"de forma palmaria" exigencias legales como la necesidad de determinar
el tipo de contratación más adecuado; la prohibición de alcanzar pactos
verbales en la Administración; el análisis del precio de mercado; la
transparencia y la publicidad, o el control y la fiscalización del
gasto.
En relación al papel que ejerció Matas en el marco de las
negociaciones para celebrar los Illes Balears Forum, la Fiscalía apunta a
una "farsa orquestada" por el exministro a fin de aparentar que el
Illesport -que junto a Nóos firmó los convenios para la organización de
los foros- era el que tomaba las decisiones, cuando en realidad,
sostiene, el contenido reflejado en las actas de las reuniones "era
fruto de las directrices y decisiones" del expresidente.
"El funcionamiento real de la Fundació Illesport pone de manifiesto
que don Jaume Matas, como presidente de la Junta Rectora, era el que
tomaba las decisiones relativas a la memoria de actividades, el programa
de actuaciones y el presupuesto de dicha institución, y quien ostentaba
el dominio" sobre la actividad de este organismo, recalca Horrach.
El fiscal rebate de este modo los argumentos vertidos por Matas en el
recurso que presentó contra el mantenimiento de su imputación, en el
que se desvinculaba de las decisiones administrativas adoptadas de cara a
adjudicar los anteriores eventos al Instituto Nóos. Ante esto, Horrach
subraya que, aparte de su cargo como presidente del Govern, también
presidía la Junta de Patronos del Illesport, por lo que "la alegación
del recurrente queda desvirtuada".
El Ministerio Público hace asimismo hincapié en el hecho de que el
precio de los eventos fue fijado "unilateralmente" por Nóos, precio al
que "se aquietaron y consintieron los responsables del Illesport sin que
se realizase un mínimo análisis de ajuste de precios del mercado".
Al respecto, sostiene que "la absoluta falta de control sobre el
destino de los fondos públicos entregados al Instituto Nóos no es
casual", sino que "obedece al concierto previo entre los representantes
de las entidades que suscriben el acuerdo para no fiscalizar el gasto,
sin justificación legal alguna que ampare esta forma de proceder".
