El annus horríbilis de la Monarquía / Andrés Cepadas

El 2012 fue para el Rey un annus horríbilis, si bien no fue el único, pues así se consideró también el 2007. Pero hubo una notable diferencia, porque el 2007 tuvo un carácter más de dolor personal y familiar, fruto de la desgracia más que de otra cosa y, en consecuencia, no tuvo los efectos negativos que tuvo el 2012 sobre el prestigio de la institución monárquica y del propio monarca. La Corona se vio contaminada tanto por la corrupción que alcanzó a la real familia, como por comportamientos digamos excesivamente frívolos o de magra honorabilidad del propio monarca. Estridencias indeseables en un clima social de dramático sufrimiento para una gran parte de la sociedad, sumida en una crisis que se prolonga sine die.

La Monarquía española, aunque dotada de plena legitimidad y legalidad por su consagración constitucional en 1978, siempre ha estado, y seguramente seguirá, en una delicada situación, debido a su evidente ilegitimidad de origen, pues no se olvida con facilidad que don Juan Carlos fue designado como heredero de la Corona y príncipe de Asturias por el dictador y hubo de jurarle fidelidad a él y a los Principios del Movimiento Nacional. En aquellos momentos D. Juan Carlos ni siquiera contaba con la legitimidad dinástica, que Franco se saltó a la torera, que residía en su padre D. Juan de Borbón y que éste no cedió hasta pasado un año y medio de la proclamación como Rey de su hijo. Esta cesión de los derechos sucesorios fue lo que permitió, en 1978, calificar a D. Juan Carlos en la Constitución como "legítimo heredero de la dinastía histórica". 

Todo este alambicado proceso para acceder a la Jefatura del Estado y establecerla como hereditaria tiene sin duda toda la pinta más de un amaño o de un arreglo que de otra cosa, pero el asunto se zanja con la Constitución que en éste, como en otros aspectos, optó por un mal arreglo frente aun buen pleito, como aconseja la sabiduría popular y, sobre todo, como propiciaba la necesidad de una reconciliación nacional con amplio consenso. 

Con todo, esta debilidad originaria de la monarquía estuvo estos años en la mente de todos y prueba de ello fue el gran pacto tácito nacional de protegerla de toda crítica política, del debate social y de la exposición normal a la curiosidad mediática. Pasaban cosas y se sabían, claro está, pero el pacto tácito y sobreentendido de los medios hizo que todo se ventilase en pequeños círculos y mentideros que, por definición, generan rumores, siempre sospechosos, y nunca noticias contrastadas. 

Pero este año 2012, los acontecimientos y comportamientos de la propia Casa del Rey, en terminología seguramente bien conocida por el monarca, abrieron la veda y opinión pública y publicada empezaron a escrutar y a analizar, con detalle y actitud crítica, las actitudes y comportamientos de la Casa Real, con las inevitables consecuencias políticas que esta imprescindible transparencia democrática trae consigo.

La Casa Real y el Gobierno son muy conscientes del deterioro público de la Monarquía sufrido este último año y se apuraron a lanzar toda una campaña de recuperación de imagen en las últimas semanas pero el problema de la Monarquía no se resuelve con mera propaganda y publicidad, sino planteándose con seriedad si la forma política del Estado, que en su día sirvió para afrontar una complicada transición, sirve realmente hoy para responder a las necesidades y demandas de una sociedad democráticamente madura, donde no haya institución alguna que sea una excepción al principio constitucional de que "la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan (todos) los poderes del Estado".

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