PALMA DE MALLORCA.- El asesor jurídico de la Casa Real y Conde de
Fontao, José Manuel Romero, está recibiendo el asesoramiento del abogado
barcelonés Andrés Jiménez de Parga con el objetivo de seguir de cerca
la evolución procesal del caso Nóos, principalmente con motivo de la
citación como testigo de Romero de cara al próximo día 19.
Un asesoramiento que, según indican, se extiende en el tiempo y ha
recibido impulso después de que el juez instructor de la causa, José
Castro, solicitase la pasada semana las actas de las reuniones
celebradas en el Instituto Nóos durante el periodo en el que el Duque de
Palma, Iñaki Urdangarin, la Infanta Cristina, el secretario personal de
las Infantas, Carlos García Revenga, formaron parte de la junta
directiva de la entidad, junto a su exvicepresidente Diego Torres y su
exsecretario Miguel Tejeiro.
El objetivo del magistrado pasa por saber si en las asambleas y
juntas que celebró el Instituto Nóos entre septiembre de 2003 y marzo de
2006, se reunieron todos sus miembros y, entre ellos, la Infanta en su
calidad de vocal de la entidad.
En el caso de Romero, la hipótesis de que éste fuera llamado a
declarar en el caso Noos venía siendo barajada desde hacía tiempo por
parte de los investigadores, por las referencias que tanto Torres como
Urdangarin habían efectuado con respecto a cómo se produjo la
intervención del Conde de Fontao en los hechos que provocaron la salida
del marido de la Infanta del Instituto Nóos. Desechada por el juez
Castro la vía de la imputación, el Conde de Fontao no deberá acudir a su
declaración asistido de abogado al haber sido citado en calidad de
testigo.
Cabe recordar que el letrado barcelonés estuvo personado en otra
causa de presunta corrupción instruida en Palma, más en concreto en el
marco de la operación Relámpago, que investiga a nivel global la
presunta evasión de impuestos a través de paraísos fiscales, operaciones
de blanqueo de capitales y dobles ventas de solares urbanizables en el
término municipal de Andratx.
Un procedimiento en el que Jiménez de Parga defendió a Martha Mónica
Hore y a su esposo, el financiero de la City de Londres y
multimillonario Christian Hore. El fiscal anticorrupción Juan Carrau
acusó al matrimonio Hore de haber cometido hasta 15 delitos contra la
Hacienda Pública con una petición de penas de prisión de más de 80 años y
una responsabilidad civil que la fiscalía cifró en 200 millones de
euros.
Sin embargo, el proceso, que finalizó hace aproximadamente un año,
concluyó con una sentencia de conformidad en la que el representante del
Ministerio Público aceptó retirar la acusación que pesaba contra
Christian Hore, la absolución de su esposa y el pago por parte de éstos
de unos cinco millones de euros.
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