PALMA DE MALLORCA.- El juez que instruye el caso Nóos, José
Castro, ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 8,1 millones
de euros para el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, así como para su
exsocio en el Instituto Nóos, Diego Torres, y las sociedades
investigadas, atendiendo así a la petición de la Fiscalía y del
Sindicato Manos Limpias, según han informado hoy fuentes
jurídicas.
Así, en un auto de 500 folios, Castro les informa de que tienen
cinco días hábiles para abonar la fianza desde el momento en el que se
les notifique.
Asimismo, señala que pueden responder a la caución de manera
subsidiaria, de manera que se pueden repartir el pago de la misma o bien
alguno de los afectados podría abonar el importe total de la fianza.
En caso de que no pagaran los 8,1 millones de euros, se les
embargaría los bienes hasta cubrir la cuantía de la fianza que se les ha
impuesto.
Por otro lado, en el mismo auto judicial, el magistrado pide a
Urdangarin y Torres que le comuniquen si tienen antecedentes penales,
por si hubiera que aplicarles la agravante de reincidencia.
Cabe recordar que el pasado 21 de noviembre, la Fiscalía
Anticorrupción presentó ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma
su escrito de responsabilidad civil en el que solicita una fianza de
8.189.448 euros para Urdangarin, Torres y las empresas administradas por
ambos imputados y a través de las cuales presuntamente desviaron los
fondos públicos y privados que obtuvieron a través del Instituto Nóos.
El fiscal Pedro Horrach solicitó de este modo que se abriera una pieza separada de responsabilidad civil.
En concreto, las mercantiles a las que la Fiscalía extiende su
petición son Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L. -de la que la
Infanta es copropietaria al 50 por ciento-, Virtual Strategies S.L.,
Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder
Management, empresas que centran el foco de atención de la causa junto
al propio Instituto Nóos, que entre 2004 y 2007 recibió del Govern
balear y la Comunidad Valenciana un total de 5,8 millones mientras que
de entidades privadas percibió hasta 4,4 millones de euros.
Por su parte, el sindicato Manos Limpias, personado como acusación
popular, también presentó ese mismo día su escrito, de 30 páginas, en
el que pidió la misma cantidad y detalla la forma en que "se disfrazó a
Nóos con la careta del ánimo de lucro", a pesar de que "se creó
específicamente" para acceder a distintos convenios de colaboración con
las Comunidades Autónomas de Baleares y Valencia y de esta forma
defraudar el dinero público obtenido.
Las acusaciones desglosan su petición de fianza en los 1,2
millones de euros que costó el convenio para la celebración del primer
Illes Balears Forum (2005); los 1,085 millones del segundo (2006); los
1.044.000 millones de cada una de las tres ediciones llevadas a cabo del
evento Valencia Summit, y los 382.000 euros que percibió Nóos de la
Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la
Comunidad Valenciana, entonces dirigida por el dirigente del PP Esteban
González Pons, por la celebración de unos Juegos Europeos que nunca
tuvieron lugar.
Asimismo, se incluyen los 54.520 euros pagados a Nóos por el
Govern balear para el seguimiento de la repercusión del equipo ciclista
Illes Balears - Banesto; los 174.000 que pagó el Illesport por la
creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo; los
116.566 del Ibatur por la elaboración de material promocional del Illes
Balears, y 2,1 millones de multa que por Ley deben exigirse (un tercio
de la cantidad global solicitada).
Por su parte, el pasado 15 de enero, el abogado de Iñaki
Urdangarin, Mario Pascual Vives, explicó que había presentado un escrito
de alegaciones contra la fianza de 8,1 millones, en el que explicaba
que el Duque de Palma únicamente tenía un papel "representativo" en el
Instituto Nóos, y que los contratos firmados eran correctos.
"Nos oponemos a cualquier fianza porque mi cliente es inocente",
insistió Pascual Vives, quien afirmó que en caso de que Urdangarin
tuviera que hacer frente al pago de 8,1 millones de euros, no dispondría
de esta cantidad en "efectivo".
Mientras, Torres, a través de su abogado, Manuel González Peeters,
también presentó el pasado 15 de enero sus alegaciones contra la fianza
en las que señalaba que, al no ser funcionario público, no puede ser
tenido como sujeto activo de un delito de prevaricación, sino en todo
caso partícipe, lo que le excluye del pago de una responsabilidad civil.
En su escrito, el exsocio del Duque de Palma afirmaba que "no es
verdad" que el Instituto Nóos cometiera "acto ilícito de suerte alguna" y
que, bien al contrario, su actuación "se llevó a cabo (...) con más que
notable éxito, con una extraordinaria repercusión en todos los
sentidos, económico, social, etc".
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