Felipe VI expresa su voluntad de hacer más presente a la Corona en Cataluña

GERONA.- Felipe VI ha compartido con el presidente de la Generalitat, Artur Mas, la mesa presidencial de la cena de la Fundación Príncipe de Girona (FPdG) tras pronunciar un discurso en el que ha mostrado su voluntad de hacer aún más presente a la Corona en Cataluña para transmitir mensajes de entendimiento.

Don Felipe ha defendido el "proyecto que une" de la FPdG como prueba de que la colaboración "generosa" es la mejor vía para atender "legítimas aspiraciones", en una larga alocución con numerosos párrafos en catalán que ha sido recibida por aplausos, aunque también por un grito independentista, "Visca la terra" (Viva la tierra), al que ha replicado otro asistente con un "Viva el Rey".

En su séptima visita a Cataluña en lo que va de año y la primera tras ser proclamado Rey hace una semana, don Felipe, acompañado por doña Letizia, ha presidido esta tarde en el Palacio de Congresos de la capital gerundense la entrega de los premios anuales que otorga la Fundación Príncipe de Girona (FPdG) a jóvenes y entidades que destacan por su capacidad emprendedora con proyectos innovadores.

En catalán, don Felipe ha destacado cómo personas y entidades de toda España han trabajado juntos en la FPdG a favor de un proyecto que "suma fuerzas" y demuestra que "la colaboración sincera y generosa es la mejor vía para atender las legítimas aspiraciones de cada persona".

"Y también para conseguir grandes metas colectivas en beneficio del bien común y del interés general", ha añadido el Monarca, que ha querido comenzar y acabar su discurso en catalán -"esta lengua nuestra", la ha definido- como reconocimiento de un elemento sin el que es imposible comprender la cultura de Cataluña, "en diálogo y convivencia permanente, sincera y enriquecedora con el castellano".

En su discurso, ha recalcado que, como Príncipe heredero y a partir de ahora como Rey, quiere con sus visitas a Cataluña -"muchas más últimamente", ha señalado- "hacer más presente todavía a la Corona en esta tierra" para transmitir unos "mensajes de respeto, entendimiento y convivencia" que, como afirmó en su proclamación, son "consustanciales" a la Monarquía parlamentaria española.

También en catalán, ha querido dejar claro que para él ha sido "un gran honor" utilizar el título de Príncipe de Girona, "como también lo es, pese a su corta edad -y lo será sin duda en el futuro-" para su hija, la Princesa Leonor, y ha precisado que el uso de este título "ha estado siempre presente en los momentos de un mayor reconocimiento de la personalidad de esta tierra".

Don Felipe, quien ha agradecido "la amistad y el afecto" que doña Letizia y él han recibido en sus visitas a Cataluña, ha animado asimismo a los habitantes de esta tierra a sentirse orgullosos tanto del idioma catalán como del castellano, porque ambas lenguas "enriquecen el patrimonio cultural de toda España".

Protesta contra la presencia de los Reyes

Más de 500 personas se han manifestado sin incidentes en Gerona contra la presencia del Rey en la ciudad, adonde han acudido por primera vez como monarcas para participar en el V Foro Impulsa de la Fundación Príncipe de Girona (FPdGi).

Bajo el lema 'Cap pacte, cap rei, el poble català decideix' -'Ningún pacto, ningún rey, el pueblo catalán decide'-, se han coreado consignas en catalán como 'Independencia', 'Las tierras catalanas son republicanas', 'Fuera el Rey' y 'Fuera los borbones de Girona'.

La marcha ha sido convocada por ERC, ICV, EUiA, CUP, Reagrupament, SI, Ateneu 24 de Juny, el 'casal' independentista el Forn, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, Endavant, MDT y Xarxa pels Drets Socials.

Mas saluda cordialmente a los Reyes al llegar al Palacio de Congresos de Gerona

GERONA.- El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha saludado hoy muy cordialmente a los Reyes ante las cámaras al llegar al Palacio de Congresos de Gerona, donde Felipe VI y el jefe del Ejecutivo catalán han intercambiado unas primeras palabras, sonrientes, rodeados de invitados a los Premios Príncipe de Girona.

Mas ha llegado al Palacio de Congresos después de que don Felipe cerrara el acto de entrega de los Premios Fundación Príncipe de Girona con un discurso en el auditorio y mientras el nuevo Monarca y doña Letizia saludaban, ya en el vestíbulo, a numerosos jóvenes asistentes a esta ceremonia, muchos de los cuales tomaban fotos con sus teléfonos móviles.

Junto a su esposa, que ha asistido al acto de entrega de premios, el presidente de la Generalitat se ha abierto paso entre el nutrido grupo que rodeaba a los Reyes para saludarles y, después de posar con ellos para los medios gráficos que tomaban imágenes desde el propio vestíbulo y desde la primera planta del edificio, ha mantenido con ellos un breve diálogo, en tono distendido.

A continuación, se han dirigido al salón donde se celebra la cena con la que se cierra esta ceremonia, en la que Mas toma parte como vicepresidente de la Fundación Príncipe de Girona y a la que asisten el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el alcalde de Gerona, Carles Puigdemont, entre otras autoridades.

Tras el discurso de don Felipe, se pudo oír procedente del público un grito independentista catalán, "Visca la terra" (Viva la tierra), al que siguió otra voz que gritó "Viva el Rey" en catalán y en castellano, un incidente ante el que el Monarca reaccionó con una sonrisa.

La Fiscalía Anticorrupción recurre la imputación de la infanta Cristina

MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción presentó el jueves un recurso contra la decisión del juez de imputar a la infanta Cristina por blanqueo y fraude fiscal, al entender que no existen "indicios racionales de criminalidad".

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach reprochó al juez José Castro haber realizado un auto "a la carta", un día después de que el magistrado pusiera fin a la investigación del caso de corrupción Nóos, el paso previo a la apertura del juicio oral.

También acusó al juez de que su investigación está "contaminada" por la influencia de los medios de comunicación.

"Cuando el puerto de destino está determinado antes de iniciar la investigación, basado en meras conjeturas, contamina de tal forma la marcha exploratoria que la convierte en un itinerario inamovible, en el cual los parámetros de imparcialidad, objetividad y congruencia que deben presidir cualquier actuación judicial quedan relegados", dijo Horrach en su recurso de 63 páginas, presentado ante la Audiencia Provincial de Baleares.

Tras una extensa investigación que ha durado cuatro años, el juez de Palma de Mallorca había señalado en su auto del miércoles que existen "sobrados indicios" de que Cristina, de 49 años, dispuso y gastó dinero público desviado a la empresa familiar Aizoon, que posee al 50% con su marido.

Castro también mantuvo como imputados al marido de la infanta, Iñaki Urdangarin, y a su exsocio Diego Torres, por su gestión del Instituto Nóos, una organización sin ánimo de lucro que el exjugador de balonmano presidió entre 2004 y 2006, y desde la que presuntamente se desviaron 5,8 millones de euros de fondos públicos.

El fiscal anticorrupción sostuvo en su recurso que el juez "desprecia indicios de notable fuerza exculpatoria" y que la inculpación se basa en tres circunstancias de "nulo valor incriminatorio": ser socia de la entidad mercantil Aizoon SL, ser cónyuge de Urdangarin y haber realizado gastos personales con cargo a la citada compañía.

"El Instructor construye una andamiaje probatorio, con una falsa apariencia de solidez, para imputar a Doña Cristina de Borbón. Cuando se revisan los anclajes de dicha estructura se revela tal inconsistencia que una leve brisa lo desmorona", agregó el recurso.

El auto del juez Castro se conoció casi una semana después de la proclamación de Felipe VI como rey de España. La investigación a Cristina y a su marido ha perjudicado notablemente la imagen de la Casa Real y desde algunos sectores se atribuye como una de las causas de la abdicación de Juan Carlos I a principios de mes.

A Urdangarin se le imputan los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, tráfico de influencias y estafa.

El magistrado dio el miércoles un plazo de 20 días para que las acusaciones formulen sus escritos ante el juzgado, solicitando apertura de juicio oral o para pedir el sobreseimiento.

Fuentes de la Casa Real mostraron su "pleno respeto" a las decisiones judiciales, mientras que el abogado de la infanta, Miquel Roca, anunció que recurrirá.

El portavoz de la acusación popular ejercida por Manos Limpias, Miguel Bernad, criticó el miércoles que la Fiscalía "se pone del lado del presunto delincuente".

El juez Castro, que inició su investigación sobre la pareja hace más de tres años, ha tenido problemas para concretar las acusaciones contra Cristina de Borbón.

En abril de 2013, el juez dictaminó que había evidencias de que la infanta había colaborado con su marido. La Audiencia Provincial de Palma desestimó esos cargos en mayo de ese año, bajo el argumento de que las pruebas no eran suficientes, pero le dio a Castro más tiempo para investigar una acusación de fraude fiscal.

El juez comenzó entonces a investigar si la entonces infanta hizo uso de fondos derivados de Aizoon para fines personales. El fiscal anticorrupción ya se mostró reacio entonces a la imputación de Cristina al no apreciar indicios de delito.

Finalmente, en enero de este año, la infanta declaró como imputada por un presunto delito de fraude fiscal y blanqueo de capitales por su participación a medias en Aizoon.

La Casa Real ha tratado de distanciarse de la pareja, que no interviene en actos públicos desde octubre de 2011, pero el goteo de las revelaciones en la instrucción judicial y el accidente sufrido por Juan Carlos I en una cacería en Botsuana en 2012 - tras el cual fue operado en varias ocasiones de ambas caderas - siguieron perjudicando la imagen de la Corona.

Urdangarin siempre ha desvinculado a su esposa de la gestión de Nóos, afirmando que no participaba en la toma de decisiones, a pesar de que era vocal en la junta directiva.

Cristina, en un intento por alejar a su familia de la presión de los medios, se trasladó con sus cuatro hijos a Ginebra, donde trabaja para la Fundación La Caixa.

El caso es uno de los muchos escándalos de corrupción de alto nivel que han minado la fe en las instituciones públicas en España, en momentos de una grave crisis económica caracterizada por profundos recortes en los gastos sociales.

Los "sobrados indicios" que proyectan la sospecha sobre la infanta Cristina

PALMA DE MALLORCA.- Obras en casa, un viaje familiar a Río de Janeiro, un espectáculo de mimo: el juez Castro enumera "sobrados indicios" que muestran, en su opinión, la participación de la infanta Cristina en el blanqueo del dinero presuntamente malversado por su marido.

A lo largo de 167 páginas, el juez detalla, a veces con ironía, como la hermana del rey Felipe VI y su esposo, Iñaki Urdangarin, habrían utilizado para fines personales dinero público de los gobiernos autonómicos de Valencia y Baleares malversado mediante la fundación Noos y la "empresa pantalla" Aizoon.

En opinión del magistrado, la pareja utilizó la tarjeta de crédito de Aizoon para pagar gastos que no tenían nada que ver con su actividad: "servicios de consultoría y asesoramiento en gestión de empresas".

Estos son algunos extractos del auto:

- "Aizoon S.L. obtuvo un visado del colegio de arquitectos, por importe de 198.983 euros, (...) por el concepto de edificación de oficinas y adecuación de espacio" en la residencia de la pareja, un palacete en el exclusivo barrio barcelonés de Pedralbes.

- "Un viaje a Rio de Janeiro del que disfrutó el matrimonio y sus cuatro hijos por un total de cinco mil euros".

- "Sobre la factura del 20 de mayo de 2008 por la compra de cuatro libros de Harry Potter y uno sobre Creatividad se habrá de coincidir en que no ofrecerá discusión quién debería haberla abonado".

- "Lo mismo se habrá de hacer extensivo a la factura del 18 de febrero de 2008 por la adquisición de un ramo de flores, (...) otro ramo el 1 de octubre de 2008 y la compra a Movistar de un Iphone exclusivo".

- "Existe un conjunto de facturas que parecen venir referidas a la organización de determinados eventos de carácter familiar" como "una decoración con globos en el domicilio de Don Iñaki Urdangarin con motivo de una fiesta de cumpleaños".

- "También deviene difícil asociar a la actividad de Aizoon S.L. la actuación del mimo Pep Bou el 12 de junio de 2005 (...) que, junto con el alquiler del equipamiento de luz y sonido, supuso una facturación por importe de 7.888 euros".

- "Qué decir del curso de formación (...) el 2 de julio de 2007, al parecer por clases de baile de salsa y merengue prestado en el domicilio familiar".

- El juez señala asimismo que, según testificaron "empleados del hogar familiar del matrimonio", tras anunciarles que "se les abonarían sus salarios en 'negro'" debido a su "situación irregular en España", se accedió a regularizarlos "pero haciendo figurar entonces como empresa contratante a Aizoon S.L. cuando los empleados nunca prestaron sus servicios para tal entidad".

Sánchez-Camacho dice a Mas que "no puede pedir al Rey expectativas fuera de la ley"

BARCELONA.- La líder del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, ha advertido hoy al presidente catalán, Artur Mas, de que "no se le pueden pedir expectativas al rey Felipe VI que no se correspondan con la ley y la Constitución", como que "actúe de mediador".

"No se le puede pedir al nuevo Rey de España que actúe de mediador con unas competencias que no se corresponden con la Constitución", ha aseverado la presidenta popular en declaraciones a los medios en el pleno del Parlament.

A su juicio, el Rey "tiene que asumir y asume sus responsabilidades constitucionales, que son las de ejercer de árbitro y ser una persona que emplace al diálogo, pero no se le pueden exigir expectativas al Rey que no se correspondan con la ley".

La Fiscalía recurre el auto de Castro y le acusa de haber realizado una instrucción "a la carta"

PALMA DE MALLORCA.- La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Baleares el auto por el que el juez José Castro puso este miércoles fin a las pesquisas del caso Nóos y acordó mantener la imputación de la Infanta Cristina, y lo ha hecho a través de un escrito de 63 páginas, en el que recrimina al magistrado haber llevado a cabo una instrucción "a la carta" y haber practicado investigaciones "contradictorias" en torno a la hermana del Rey Felipe VI "a modo de encaje de bolillos".

El fiscal Pedro Horrach ha acudido pasadas las 9.30 horas a los Juzgados de Vía Alemania de Palma, donde ha interpuesto su recurso de apelación, que será elevado al tribunal de la Sección Segunda de cara a su resolución. En concreto, Castro ha dado tres días a las partes para que puedan recurrir en reforma -ante el propio Juzgado- la resolución judicial, y cinco días para que puedan hacerlo directamente ante la Audiencia.

En un duro recurso, Horrach critica que el titular del Juzgado de Instrucción nº 3 haya hecho sobre la Infanta "un juicio de valor basado en meras conjeturas: Doña Cristina de Borbón es culpable, no se sabe bien de qué, para a continuación emprender una intensa prospección para ver si se la pilla en un renuncio".

"Cuando el puerto de destino está determinado antes de iniciar la investigación, basado en meras conjeturas, contamina de tal forma la marcha exploratoria que la convierte en un itinerario inamovible, en el cual los parámetros de imparcialidad, objetividad y congruencia que deben presidir cualquier actuación judicial quedan relegados", subraya tajante el fiscal, contraponiendo estos aspectos a una instrucción "presidida por un credo y no por la sana guía de la duda".

En esta misma línea, el representante del Ministerio Público acusa a Castro de verter "insinuaciones" que considera "un claro exponente de deriva judicial, consecuencia de interferencias mediáticas que elevan a la categoría de dogma la parodia de funcionarios sometidos al poder gubernamental. Y ello porque, ironiza, "la realidad 'no vende' y la adopción de decisiones fruto del simple ejercicio profesional, sin el aditamento de intrigas o maquinaciones ficticias, resulta anodino a efectos comerciales".

Es más, critica el hecho de que el juez "construye un andamiaje probatorio, con una falsa apariencia de solidez, para imputar a Doña Cristina" -ser socia de Aizoon, cónyuge de Iñaki Urdangarin y haber realizado gastos personales con cargo a esta mercantil*-, y asevera que "cuando se revisan los anclajes de dicha estructura se revela tal la inconsistencia que una leve brisa lo desmorona".

Horrach, quien solicita asimismo que se revoque la imputación de un delito contra Hacienda por parte de Ana María Tejeiro, mujer del exsocio de Urdangarin, Diego Torres, arremete asimismo contra Castro al considerar que es "material e intelectualmente imposible instruir y no prejuzgar, instruir sin convertirse en parte; es imposible instruir y simultáneamente ser el órgano valedor de las garantías de los derechos de las partes".

En su escrito, el fiscal subraya cómo se ha tomado declaración a cientos de testigos vinculados laboral o comercialmente con el Instituto Nóos y Aizoon -la sociedad de la que la Infanta e Iñaki Urdangarin son copropietarios al 50 por ciento-, "sin que se haya puesto de manifiesto una mínima participación de Doña Cristina de Borbón en la gestión mercantil de la que es socia". 

"Se desprecian indicios de notable fuerza exculpatoria", recalca.

Junto a ello, lamenta que también se excluye en el auto de Castro referencia alguna a los "miles de correos" intervenidos que acreditan que en la gestión administrativa, comercial, laboral, fiscal, contable y financiera de Aizoon "no intervenía" la Infanta, al igual que "las decenas de correos electrónicos que revelan la nula participación de ésta en la decisión de imputar facturas de gastos como costes de explotación de la mercantil".

"El instructor afirma la existencia de sobrados indicios de que Doña Cristina colaboró activamente con el administrador de Aizoon [en referencia a Urdangarin], posponiendo a un momento posterior la descripción de los mismos. Sin embargo, el 'como más adelante se verá' se convierte en un 'como nunca se verá', porque no menciona ni antes ni después indicio alguno de esa supuesta colaboración", recalca el fiscal.

De hecho, recrimina que el magistrado se base para incriminar a la hermana del Rey en indicios como la contratación de personal doméstico a cargo de Aizoon, la participación como intermediario del asesor de la Casa Real y Conde de Fontao, José Manuel Romero, o el incremento del nivel de vida de los Duques. Es más, abunda en que las afirmaciones de carácter tributario expuestas por Castro son "inocuas a efectos penales" puesto que, en su caso, "únicamente constituirían infracción administrativa".

El fiscal se pregunta asimismo a qué se debe el cambio de criterio adoptado por Castro desde que en marzo de 2012 rechazase imputar a la Infanta. "Ante la falta de nuevos datos que contradigan o desvirtúen lo que en el año 2012 manifestó el instructor, cabe preguntarnos a qué se debe este cambio de criterio tan radical". Por qué lo que era blanco y transparente en 2012 muta a oscuro y con tintes criminales en 2014", remacha.

En este sentido, Horrach apunta que afirmar ahora que la Infanta, al constituir Aizoon, "coparticipaba en un plan criminal para que su cónyuge, cuatro años después, en 2007, pudiese defraudar impunemente a la Hacienda Pública en el IRPF, es una presunción huérfana de indicio probatorio". "Los hechos justamente demuestran lo contrario", añade.

Asimismo, recalca que demostrar que la hermana del Rey "conocía y participaba" de la gestión social de Aizoon "requiere utilizar indicios mínimamente solventes y no seis insulsos documentos de los años 2003 y 2004, cuyo contenido refleja una natural comunicación entre cónyuges, ninguno de los cuales, por otra parte, tiene relación con Aizoon".

De forma paralela, Horrach recrimina que Castro utilice la "doctrina de la ignorancia deliberada" por parte de la Infanta para justificar su encausamiento, lo que constituye "un recurso taimado" y "una vía de escape a una espiral inquisitiva alimentada de meras sospechas".

Fiscal Horrach: "El recurso ha sido fácil de preparar, todas las resoluciones de Castro van en el mismo sentido"

PALMA DE MALLORCA.- El fiscal anticorrupción Pedro Horrach, quien este jueves ha recurrido el auto por el que el juez José Castro mantiene la imputación de la Infanta Cristina, ha mostrado su confianza en que la Audiencia Provincial de Baleares revoque la resolución judicial del magistrado y, con ello, el encausamiento de la hermana del Rey Felipe VI por dos presuntos delitos fiscales y uno de blanqueo de capitales.

Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones a los medios a su salida de los Juzgados de Vía Alemania, de Palma, donde ha presentado el recurso para su posterior elevación a la Audiencia. "Por supuesto que confío en que la Audiencia estime mi recurso. Decidirá lo que tenga a bien", ha remarcado en este sentido.

Preguntado sobre la elaboración de su recurso de apelación, interpuesto sólo un día después de que Castro dictase su auto, Horrach ha subrayado que ha sido "fácil de preparar" puesto que las resoluciones judiciales dictadas hasta el momento por el juez instructor del caso Nóos "han ido encaminadas hacia el mismo sentido".

"He tenido tiempo suficiente para prepararlo", ha incidido el representante del Ministerio Público, quien ha insistido en la "falta" de elementos incriminatorios contra la Duquesa de Palma, así como contra Ana María Tejeiro, mujer del exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, por la presunta comisión de delitos contra Hacienda.

La Fiscalía pide que se suspenda el plazo para presentar los escritos de acusación contra la infanta Cristina

PALMA DE MALLORCA.- La Fiscalía Anticorrupción, que ha recurrido en apelación el auto por el que el juez José Castro decretó que continúe el proceso penal contra la Infanta Cristina, solicita que se suspenda el plazo de veinte días otorgado a las acusaciones para que presenten su escrito de calificación, en el que determinarán qué imputados se sentarán en el banquillo y las penas que solicitan para cada uno de ellos.

En su impugnación, pide la suspensión de este trámite hasta que la Audiencia Provincial resuelva los recursos contra el auto del magistrado, al considerar que la decisión del tribunal "podría condicionar" el contenido de los escritos de acusación.

Tras la presentación de los escritos de calificación, Castro deberá acordar la apertura del juicio oral a través de un auto que ya no será recurrible. En concreto, se encuentran personados como acusaciones las Abogacías del Estado, de la Comunidad Autónoma balear y de la Generalitat Valenciana, Manos Limpias, Frente Cívico 'Somos Mayoría', PP balear y los concejales del PSPV del Ayuntamiento de Valencia.

Mediante un duro recurso, el fiscal Pedro Horrach recrimina a Castro haber llevado a cabo una instrucción "a la carta" y haber practicado investigaciones "contradictorias" en torno a la hermana del Rey Felipe VI "a modo de encaje de bolillos".

Horrach ha acudido pasadas las 9.30 horas a los Juzgados de Vía Alemania de Palma, donde ha interpuesto su recurso de apelación, que será elevado al tribunal de la Sección Segunda de cara a su resolución. En concreto, Castro ha dado tres días a las partes para que puedan recurrir en reforma -directamente ante el Juzgado- la resolución judicial, y cinco días para que puedan hacerlo directamente ante la Audiencia.

En un duro recurso, Horrach critica que el titular del Juzgado de Instrucción nº 3 haya hecho sobre la Infanta "un juicio de valor basado en meras conjeturas: Doña Cristina de Borbón es culpable, no se sabe bien de qué, para a continuación emprender una intensa prospección para ver si se la pilla en un renuncio".

IU acusa a la Fiscalía de actuar como "abogado defensor" de la infanta y clama por más jueces como Castro

MADRID.- El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, ha acusado este jueves a la Fiscalía Anticorrupción de actuar como "abogado defensor" de la infanta Cristina al recurrir su imputación en el 'caso Nóos' y ha mostrado su deseo de que haya más jueces como José Castro.

 La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Baleares el auto del juez Castro a través de un escrito  en el que recrimina al magistrado haber llevado a cabo una instrucción "a la carta" y haber practicado investigaciones "contradictorias" en torno a la hermana del Rey Felipe VI "a modo de encaje de bolillos".

En los pasillos del Congreso, Lara ha puesto de relieve que la Fiscalía está para defender "el interés general" en los supuestos delictivos y no para actuar como "abogado defensor" de nadie, en este caso de la hermana del Rey.

   Dicho esto, el líder de la federación de izquierdas ha mostrado si apoyo al juez instructor del 'caso Nóos' por la independencia que está "probando" y su deseo de que haya más magistrados como él. "La actuación del juez Castro es impecable y la de la Fiscalía deja muchísimo que desear", ha concluido.

El Congreso de los Diputados aprueba aforar al Rey Juan Carlos

MADRID.- El Pleno del Congreso avaló este jueves el aforamiento del Rey Juan Carlos y de parte de la Familia Real entre críticas de los grupos de la oposición por la tramitación exprés. El PP sumó los votos de UPN y Foro, mientras que PSOE, CiU y CC optaron por la abstención y el resto de partidos votaron en contra.

El PP decidió la pasada semana aprovechar una reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) sobre medidas racionalización del sector público --pensada inicialmente para regular días de asuntos propios, pruebas selectivas y jubilación del personal de la Justicia-- para introducir dos enmiendas que garantizarán protección jurídica a Don Juan Carlos tras su abdicación.

En concreto, una de las enmiendas establece que pasarán a considerarse aforados, tanto por la vía civil como por la penal, los Reyes que abdican (ahora don Juan Carlos), sus consortes (doña Sofía), los consortes del Rey (la Reina Letizia) y los Príncipes de Asturias (de momento Doña Leonor y su futuro cónyuge).

Los citados miembros de la Familia Real pasarán a ser aforados como los miembros del Gobierno y los diputados y senadores, cuya protección está 'blindada' en la Constitución de 1978 aunque con el matiz de que, en lo relativo a la jurisdicción civil, está ligada a la permanencia en el cargo.

Además, a través de una segunda enmienda se incluye una disposición transitoria para que, en el caso de que algún tribunal esté tramitando alguna causa contra los nuevos aforados 'reales' cuando la ley entre en vigor, éstas sean suspendidas y remitidas al Tribunal Supremo.

El texto y las enmiendas pasaron este martes por la Comisión de Justicia, donde fueron aprobados con el único voto del PP frente al rechazo de Izquierda Plural y UPyD, y la abstención de socialistas y nacionalistas catalanes, y este jueves ha llegado al Pleno del Congreso, donde ya no se permitía una votación específica del aforamiento del Rey, sino una global, de conjunto.

Leopoldo Barreda, miembro de la dirección del Grupo Popular, ha apelado al sentido de la responsabilidad y al sentido de Estado para cubrir "sin dilaciones innecesarias" el vacío legalcreado tras la abdicación, subrayando que es precisamente la LOPJ la que regula el régimen general de aforamiento. Frente a ello, ha querido denunciar el "populismo", la "demagogia" e incluso la "barra libre de insultos" que se han vertido en estos días para criticar el cambio de estatus de la Familia Real.

En defensa del aforamiento han intervenido también Carlos Salvador, de UPN, quien sostiene que, más allá de la renuncia a la Jefatura del Estado, el Rey y capitán general de las fuerzas armadas en la reserva, siempre estará en activo, y Enrique Alvarez Sostres, de Foro Asturias, que ha denunciado la "hipocresía" de la polémica suscitada aunque ha reconocido que el procedimiento empleado es "siempre mejorable".

La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha optado por la abstención porque, estando de acuerdo el aforamiento de los Reyes saliente, que considera "oportuno" y "necesario" en el caso de Doña Sofía, reprocha al Gobierno que haya optado por tratar este tema "importante, delicado y sensible" mediante un procedimiento de urgencia, "de tapadillo", lo cual no ve "serio".

Los socialistas han hecho hincapié en la críticas sobre las formas, y la ponente del PSOE, Meritxel Batet, ha acusado al PP e "hacer mal las cosas" para obligar a la oposición a votar sí o no, sin dar opción de debate y acuerdo. "Y no es una cuestión meramente procedimental, es que no respetar a las minorías y al procedimiento es no respetar la democracia --ha añadido--. La responsabilidad de lo hecho y sus consecuencias es sólo suya".

Jordi Jané, de CiU, considera que el procedimiento adecuado habría sido esperar a una reforma global de la Ley del Poder Judicial para garantizar un "debate serio" buscando consensos para reducir el número de aforados y limitar la protección al ejercicio del cargo. Y lo que tenemos es una ley improvisada

En contra de los aforamientos se ha pronunciando Izquierda Plural, cuyo portavoz de Justicia, Gaspar Llamazares, ha dicho que la aprobación del aforamiento "vitalicio", "retroactivo" y "a la trágala" que ha decidido el PP para el Rey saliente supone un "desacato" a la justicia y al juez José Castro, que mantiene como imputada a la infanta Cristina al cierre de la instrucción del 'caso Nóos'.

"Este aforamiento es un desafuero", ha manifestado Llamazares, quien ha denunciado que haya seres humanos que, cuando dejan su responsabilidad, se conviertan en "casi dioses".

 "Hay cortesanos que son más papistas que el Papa, y esta iniciativa de aforamiento demuestra que hay una maniobra palaciega para pasar de los pactos de la Moncloa a un pacto de la Zarzuela", ha apuntado.

En nombre de UPyD, la diputada Irene Lozano ha rechazado el aforamiento "vitalicio" de Don Juan Carlos y su "chapucera" tramitación y ha pedido abolir el resto de 10.000 aforados que hay España, porque esta protección jurídica supone un "privilegio sin ningún genero de dudas". A su juicio, "la Ley no puede ser un traje a medida" en el que haya una justicia "cómoda" y "rápida" para los cargos públicos y una "más cara y lenta" para el común de los mortales.

El portavoz del PNV, Emilio Olabarria, sostiene que el procedimiento empleado podría ser considerado "nulo de pleno derecho" por un "brutal forzamiento del Reglamento" al convocar de forma "manifiestamente ilegal" una sesión plenaria sin haber cumplido con los plazos de las fases previas. En ese contexto, se ha preguntado "por qué se está corriendo tanto" y "qué hay que ocultar", y por ello entiende que en la ciudadanía se haya interiorizado una "sospecha".

Joan Baldoví, de Compromís-Equo, cree que el PP está convirtiendo el Parlamento en "un florero" donde se convoca a los diputados a aprobar una reforma de este calado "en dos días".

 "Tanta prisa nos hace pensar mal y no huele bien", opina.

A las críticas al fondo y las formas se han sumado Uxue Barkos, de Geroa Bai, que censura que este asunto se trate con las "artes de hurtadilla parlamentaria", y la portavoz del BNG, Olaia Fernández Davila, que no entiende tanto "blindaje" para quien ya no es cargo público.

Pero las palabras más duras, entrando en el ámbito personal, han llegado desde Esquerra Republicana (ERC) y Amaiur, cuyos portavoces, como todos los diputados y senadores, son también aforados conforme establece la Constitución de 1978.

Para el independentista catalán Joan Tardá, la Monarquía española fue "instaurada por uno de los genocidas más sanguinarios del siglo XX" (el dictador Francisco Franco) y ahora se "blinda" a Don Juan Carlos "por miedo a la verdad" porque durante casi cuarenta años "ha tenido barra libre para hacer lo que haya dado la gana y su fortuna podría ser cuestionada en los tribunales".

La abertzale Onintza Enbeitia ha llegado a decir que Don Juan Carlos "tuvo tanto que ver con el 23F como el propio Tejero", que "no dijo nada" mientras el GAL "torturaba" y que se ha "forrado" en el cargo.

Tras las votaciones, el proyecto de ley se ha enviado al Senado que tiene la previsión de tramitar el asunto en su sesión plenaria de la segunda semana del mes de julio para la aprobación definitiva e inmediata publicación en el BOE y entrada en vigor.

El Rey destaca la "abnegación y superación" de las Fuerzas Armadas

MADRID.- El Rey Felipe VI ha destacado este miércoles el "ejemplo de abnegación y superación" que representan las Fuerzas Armadas, "fiel reflejo de una España moderna, eficaz y solidaria", a pesar de que ha reconocido que es consciente de las dificultades por las que atraviesan los militares debido a la crisis. 

"Tenemos unas Fuerzas Armadas modernas y equilibradas, adecuadas a la importancia de nuestro país en el ámbito internacional", ha destacado.

   Don Felipe ha puesto en valor el esfuerzo para "ajustar a fondo" los recursos disponibles para ser más eficientes en las operaciones. "No dudéis que con ello estáis dando, una vez más, ejemplo de abnegación y superación, mostrando a la sociedad la permanente vigencia de los valores de la milicia", ha comentado don Felipe durante el acto de salutación de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil al monarca.

   El acto, en el que también ha participado la Reina Letizia, se ha celebrado en la Plaza de la Armería del Palacio Real y ha sido seguido por un centenar de personas que han aplaudido repetidas veces, tanto después de que se interpretara el himno nacional por la banda de la Guardia Real, como, sobre todo, después de que el Rey terminara de pasar revista a las compañías que han participado en este acto de salutación. De esta forma, el público presente en la escalinata de la catedral de la Almudena ha agradecido el gesto del monarca de dirigirse brevemente a ellos para saludarles con la mano.

   Don Felipe, con uniforme militar, ha destacado la "grandeza de la profesión militar" y ha agradecido en nombre suyo y de su padre, el Rey Juan Carlos, el compromiso de servicio a España de las Fuerzas Armadas. En su discurso, ha reconocido hitos como la incorporación de la mujer a los ejércitos o las misiones internacionales, teniendo unas palabras de reconocimiento para los militares actualmente desplegados en el exterior y para todos los que dieron su vida en el cumplimiento de su deber.

   El monarca ha subrayado que las Fuerzas Armadas son consideradas como un aliado comprometido y fiable gracias a su "sacrificio".

 "Un instrumento fundamental --ha añadido-- de nuestra política exterior, y ejemplo de entrega y dedicación al servicio de nuestra sociedad que, con toda justicia, os reconoce como una de las instituciones mejor valoradas".

   Al Rey le ha precedido en el uso de la palabra el ministro de Defensa, Pedro Morenés, quien se ha dirigido a don Felipe como "el primer soldado y marino de España". El ministro ha explicado que el acto de este miércoles es una muestra de "lealtad y subordinación" de las Fuerzas Armadas a su figura, en calidad de "mando supremo", y como "símbolo de la unidad y permanencia del Estado, además de depositario de una larga tradición española".

   El acto de este miércoles representa el primero en el que don Felipe y doña Letizia se reúnen con la institución militar desde la proclamación del pasado 19 de junio. Además, es el primer acto oficial del Rey después de que el titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma, José Castro, pusiera fin a la instrucción del 'caso Nóos' y decidiera mantener la imputación de la Infanta Cristina por presunto blanqueo de capitales y como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales.

Felipe VI crea una Secretaría para el Rey Juan Carlos

MADRID.- Felipe VI ha decidido crear una Secretaría de apoyo a las funciones que encomendará a sus padres, los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía, según la nueva estructura organizativa de la Casa del Rey, ha informado el Palacio de la Zarzuela.

  La Secretaría de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos estará dirigida por el diplomático Alfonso Sanz Portolés, hasta ahora secretario general de la Casa del Rey y quien trabaja en Zarzuela desde 1993.

   La Casa del Rey avanzó poco antes de la proclamación de Felipe VI que el nuevo monarca reservaría algún papel a sus padres, si bien advirtió de que estas nuevas funciones se irían viendo en el día a día, por lo que no sería necesario regularlas en ningún real decreto.

   De hecho, Zarzuela apuntó entonces la posibilidad de que tanto a Felipe VI como al Gobierno les podía interesar en algún momento aprovechar la amplia agenda de contactos internacionales del Rey Juan Carlos para encomendarle alguna gestión. Sanz Portolés ejercerá además como consejero diplomático de Felipe VI.

Otro de los cambios más relevantes de la nueva estructura es la eliminación de la Secretaría del Príncipe de Asturias que dirigía hasta ayer Jaime Alfonsín, hoy jefe de la Casa del Rey. La corta edad de la Princesa de Asturias aconsejaba la desaparición de esta Secretaría.

   De Alfonsín dependerá directamente la dirección de Comunicación, que quedará en manos del periodista Jordi Gutiérrez, hasta ahora jefe de prensa de la patronal madrileña CEIM. Gutiérrez es un viejo conocido de los nuevos Reyes y de Alfonsín, pues trabajó durante 16 años (entre 1993 y 2009) como número dos del gabinete de prensa de Zarzuela.

   La Secretaría General de la Casa del Rey quedará en manos del general de división de la Guardia Civil Domingo Martínez Palomo, quien lleva 17 años trabajando en Zarzuela como jefe del gabinete de Planificación y Coordinación.

   El hombre de confianza de la Reina Letizia durante su etapa como Princesa de Asturias, José Manuel Zuleta y Alejandro, duque de Abrantes, será nombrado jefe de la Secretaría de la Reina, en sustitución del militar leonés Arturo Luis Coello Villanueva.

   El general del Ejército de la Tierra Emilio Tomé de la Vega pasará a ocupar el puesto de jefe de gabinete de Planificación y Coordinación. Este militar fue el primer ayudante de campo de Don Felipe y hasta ahora trabajaba para la Secretaría del Príncipe de Asturias.

   Estos nombramientos se harán efectivos a lo largo de esta semana probablemente mañana. La nueva estructura organizativa de la Casa del Rey se completa con un jefe de seguridad, un jefe de protocolo, y otro de administración, infraestructura y servicios, cuyos titulares, por el momento, siguen siendo los actuales. También se mantienen los cargos de jefe del cuarto militar y la figura del interventor.

Un mal padre / Joaquín Abad *

Vengo escribiendo desde el inicio del caso Urdangarín que el yerno de Juan Carlos quiso hacer fortuna al estilo de Zarzuela. Vamos que los sablazos realizados son imitación de los que el entonces el Rey de España acostumbraba, sólo que este estaba blindado por la Constitución y nadie podía iniciar una demanda judicial. Todas las que se quisieron interponer fueron rechazadas por el juez de turno, dado que no procedía abrir causa alguna donde estuviera implicado el entonces Jefe del Estado.

 

Lo verdaderamente increíble es que Juan Carlos diera lugar a que su hija y yerno tuvieran la necesidad de dar sablazos para pagarse el chalé de Pedralbes y llevar una vida acorde al estatus de la princesa Cristina, que se había casado por amor con un deportista sin fortuna personal. Fue una mezquindad de un padre mil millonario, el que no hiciera frente generosamente a los gastos de la vivienda de su hija, que él utilizaba, así como su amante Corinna, cada vez que iban a Barcelona a realizarse chequeos médicos y operaciones de cirugía estética en la clínica Planas.

 

Porque hablamos de calderilla para un Juan Carlos que gastaba millones en cada cacería. Y no hay que olvidar que algunos años dedicaba más de 170 días a cazar... Vamos, que trabajaba para España entre tito y tiro, y entre polvo y polvo, para ser claros.

 

Ahora Cristina, ojito derecho de Juan Carlos, se ve imputada en un delito de blanqueo de capitales con petición de penas elevadas, porque su mil millonario padre no tuvo el gesto de correr con los gastos de vivienda de su hija primogénita. Un Juan Carlos que ha pagado a cientos y cientos de amantes sus gastos... Un mal padre. Una miserable actitud frente a su familia.

 

(*) Periodista y editor de www.muyconfidencial.com

Martínez Palomo, secretario general de la Casa del Rey

MADRID.- El licenciado en Derecho Domingo Martínez Palomo será el secretario general de la Casa del Rey, "número dos" de la institución, en sustitución del diplomático Alfonso Sanz Portolés, y el periodista Jordi Gutiérrez Roldán relevará a Javier Ayuso al frente de la Dirección de Comunicación.

Según ha informado esta tarde la Casa del Rey, a lo largo de la presente semana se harán efectivos estos nombramientos, así como el de Sanz Portolés para el doble cargo de consejero diplomático de la Casa del Rey y jefe de la Secretaría del Rey Juan Carlos, ambos puestos de nueva creación.

El hasta ahora "número dos" de la Secretaría de los Príncipes de Asturias, José Manuel Zuleta, será el jefe de la Secretaría de la Reina Letizia, mientras que Emilio Tomé ocupará el puesto de jefe del Gabinete de Planificación y Coordinación en sustitución de Martínez Palomo.

Como consejero diplomático de la Casa del Rey, Sanz Portolés dependerá directamente del jefe de la Casa, Jaime Alfonsín, y tendrá consideración de personal de dirección.

Además, y como responsable de la Secretaría del Rey Juan Carlos, prestará los apoyos necesarios a la Reina Sofía.

La nueva organización incluye la supresión de la Secretaría del Príncipe de Asturias, un cargo que ostentaba hasta ahora el nuevo jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín.

El Boletín Oficial del Estado publicó ayer el nombramiento del nuevo jefe de la Casa del Rey, que sustituye a Rafael Spottorno, quien ha permanecido al frente de la institución desde septiembre de 2011.

El Gabinete de Planificación y Coordinación, que hasta ahora dirigía Domingo Martínez Palomo, será ahora responsabilidad del general de brigada Emilio Tomé de la Vega, que fue ayudante de campo del Príncipe de Asturias.

La Infanta podría enfrentarse hasta a 16 años de cárcel

MADRID El juez del caso Nóos, José Castro, mantiene la imputación de la Infanta Cristina por dos supuestos delitos fiscales y blanqueo, y considera que debería ser juzgada junto con su esposo, Iñaki Urdangarin, y el resto de imputados en la supuesta trama de corrupción. Estos delitos comportan penas de entre dos y 16 años de cárcel. 

Esta decisión figura en el auto de pase a procedimiento abreviado dictado este miércoles por el juez Castro, de 167 páginas, con el que pone fin a la instrucción del caso Nóos y donde dispone que el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares y populares personadas soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa en un plazo de 20 días o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

Contra el auto de cabe recurso de reforma, para el que el juez ha dado a las partes cinco días. También pueden recurrir en apelación ante la Audiencia de Palma.

Castro considera a la hermana del Rey cooperadora necesaria de los dos delitos fiscales que habría cometido su marido, al sostener que su papel fue imprescindible para que Urdangarin pudiera defraudar hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF correspondientes a los años 2007 y 2008. Y lo hizo a través de la sociedad de la que ambos son propietarios, Aizoon, al facturar a través de la misma -como rendimientos de actividades económicas- las retribuciones que cobró de entidades privadas por su condición de consejero asesor.

Todo ello, según la Fiscalía y la Agencia Tributaria, con el objetivo de tributar menos en su declaración de la renta. El propio Castro considera Aizoon como una sociedad pantalla de la que se valió el esposo de Urdangarin para cobrar las asesorías como si de rendimientos profesionales se tratara y no de servicios personales. Es más, Aizoon era una de las empresas ficticias que integraban el entramado societario dirigido a desviar los fondos obtenidos por parte del Instituto Nóos de las Administraciones públicas.

En cuanto al delito de blanqueo, el magistrado apunta a que doña Cristina, como socia al 50 por ciento de Aizoon, de estos ingresos presuntamente ilícitos al destinar el dinero que su sociedad percibió de Nóos a gastos particulares del matrimonio, como la reforma de su vivienda familiar, con el conocimiento de su origen delictivo.

Castro considera que hay "sobrados indicios" de que la Infanta ha intervenido en la presunta trama corrupta "lucrándose en propio beneficio" y "facilitando los medios para que lo hiciera su marido" Iñaki Urdangarin mediante una "colaboración silenciosa".

Según el juez, la intervención de doña Cristina fue mediante "colaboración silenciosa de su 50% de capital social de los fondos ilícitamente ingresados en la entidad mercantil Aizoon".

Dichos fondos "ilícitos" proceden del lucro obtenido por Nóos de las arcas públicas de las comunidades valenciana y balear, a los que se añaden el dinero que su marido no desembolsó "gracias a sus defraudaciones fiscales".

El juez asegura que "no debe pronunciarse" sobre "si la explicación a esta actitud residía en la confianza, veneración o amor que profesaba a su marido" ni sobre los efectos penales que pudieran derivarse de ella.

Además, según Casto, la actitud adoptada por la Infanta cuando declaró como imputada el pasado 8 de febrero y sus "reiteradas apelaciones al desconocimiento" le incapacitan para "desvalorizar los indicios incriminatorios" y sobreseer su imputación.

Urdangarin

En el auto, el juez José Castro sostiene que de la investigación que ha llevado a cabo en los últimos cuatro años se desprende que Iñaki Urdangarin cometió al frente del Instituto Nóos un total de 25 delitos. El instructor atribuye al esposo de la Infanta Cristina cinco delitos de prevaricación, cinco de malversación de caudales públicos, cinco de fraude a la administración y cinco de tráfico de influencias por los contratos que Nóos suscribió con administraciones públicas.

Además, le imputa falsedad de documento oficial, falsificación de documentación mercantil, estafa y dos delitos de fraude a Hacienda.

Son nueve delitos diferentes, varios de ellos cometidos de manera reiterada, los que figuran en el auto.

A lo largo de la instrucción del caso Nóos, Urdangarin ha prestado declaración ante el juez en dos ocasiones, en febrero de 2012 y de 2013. Además, varias de sus propiedades, incluido el llamado palacete de Pedralbes, están embargadas desde el pasado noviembre por impago de la fianza de responsabilidad civil de 6,1 millones que le impuso el juez ante una eventual condena.

Castro imputó el pasado 7 de enero a la Infanta Cristina por los presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. La duquesa de Palma prestó declaración en el juzgado el 8 de febrero durante seis horas.

Las 167 páginas del auto están plagadas de referencias y duros reproches al papel de doña Cristina

PALMA DE MALORCA.- Las 167 páginas del auto de conclusión de sumario del juez José Castro están plagadas de referencias y duros reproches al papel de la infanta Cristina en el entramado societario de Aizoon supuestamente concebido para defraudar a Hacienda.

"Hay sobrados indicios de que Doña Cristina de Borbón y Grecia ha intervenido, de una parte, lucrándose en su propio beneficio y, de otra, facilitando los medios para que lo hiciera su marido, mediante la colaboración silenciosa de su 50 o/o del capital social"

"La propia Doña Cristina Federica de Borbón y Grecia intervino de manera también directa en la contratación del personal del servicio doméstico al que anunció que si superabanel período de prueba les serían pagados sus salarios en "negro", para luego ser contratados por la entidad Aizoon S.L."

"Si la explicación a esta actitud residía en la confianza, veneración o amor que profesaba a su marido así como la repercusión que a efectos penales pudiera, en su caso, de ello derivarse, es cuestión sobre la que este hasta ahora Instructor no debe pronunciarse quedando reservado su tratamiento al acto del juicio oral y encomendada su valoración al parecer más autorizado de un eventual Tribunal Sentenciador".

"Los delitos contra la Hacienda pública que se imputan a Don Iñaki Urdangarin difícilmente se podían haber cometido sin, cuando menos, el conocimiento y la aquiescencia de su esposa por mucho que de cara a terceros indiciariamente mantuviera una actitud propia de quien mira para otro lado", explica en su auto el magistrado Castro"

"Cristina de Borbón colaboró activamente con Iñaki Urdangarin en las irregularidades que se estaban cometiendo en el seno de la entidad Aizoon".

"Ya que todo indica que Doña Cristina de Borbón y Grecia debió participar activamente, como no puede ser de otro modo, en la organización y presupuestos de esos eventos de incontestable afección personal, si ella no los abonó de su propio peculio y debiera saber que tampoco lo hizo su marido, no pudo pasársele por alto que lo fueron por la entidad mercantil participada por ambos"

"La conclusión es inevitable: sin entramado societario no habría delito."

"Es dificil compatibilizar este compartido trasiego domiciliario con lo que Doña Cristina de Borbón y Grecia podría suponer que era una sencilla y entrañable entidad familiar cuando precisamente se dice que su intervención en el Instituto encontraba su razón de ser en el carácter no lucrativo de éste".

Zarzuela expresa su «pleno respeto a la independencia del poder judicial»

MADRID.- La Casa del Rey ha expresado su "pleno respeto a la independencia del poder judicial" tras conocer el auto por el que el juez José Castro mantiene la imputación contra la Infanta Cristina por presunto blanqueo de capitales y como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales presuntamente cometidos por su marido. 

Un portavoz del Palacio de la Zarzuela ha indicado esta misma mañana que la institución no tenía nada más que decir en relación con el auto más allá de manifestar su "pleno respeto a la independencia del poder judicial".
Se trata de la primera vez que la Casa del Rey se refiere a la "independencia" del poder judicial en una reacción oficial a la actuación del magistrado José Castro.
Hasta en tres ocasiones la Casa del Rey ha hecho un comunicado en reacción a un auto del juez que investiga el caso 'Nóos' sobre la presunta malversación de fondos públicos por parte del duque de Palma y su exsocio Diego Torres, desde que el magistrado amplió su radio de acción hasta alcanzar a la Infanta.
En abril de 2013, cuando Castro decidió llamar a declarar a la Infanta Cristina en calidad de imputada por presunta complicidad con su esposo, Zarzuela expresó su "sorpresa" y se quejó de haberse enterado por los medios de comunicación de la decisión. Eso sí, no olvidó manifestar su "máximo respeto" por las decisiones de los jueces.

Meses después, en enero de este año, la Casa del Rey tuvo una reacción más comedida y se limitó a expresar su "respeto a las decisiones judiciales" cuando el juez Castro imputó a la Infanta Cristina por un presunto delito fiscal y de blanqueo de capitales.
Y eso que la imputación de la Infanta suponía prolongar la instrucción del sumario, que es justo lo que no quería la institución, consciente del daño que suponía que este tema estuviera repicando "día tras día", como reconoció el entonces jefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno.
Aunque la Infanta Cristina sigue siendo hermana del Rey Felipe VI, ya no forma parte de la Familia Real, que ha quedado limitada a los Reyes Don Felipe y Doña Letizia, sus hijas, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, y los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía.
De hecho, la hermana menor de Felipe VI no estuvo presente ni en la firma solemne de la ley de abdicación de su padre, el Rey Juan Carlos I, ni en los actos de proclamación de su hermano.
La Infanta Cristina, que ayer estaba en Ginebra, recibió el lunes una visita relámpago, de apenas 24 horas, de su madre, la Reina Sofía, quien ayer martes regresó a Madrid.
Con la decisión de este miércoles, el juez Castro abre la vía para que la duquesa de Palma pueda sentarse en el banquillo de los acusados. Contra esta resolución cabe interponer tanto recurso de reforma --ante el propio Juzgado-- como de apelación, directamente ante la Audiencia Provincial de Baleares.
Castro considera a la Infanta Cristina cooperadora necesaria de los dos delitos fiscales que habría cometido su marido, al sostener que su papel fue imprescindible para que Urdangarin pudiera defraudar hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF correspondientes a los años 2007 y 2008.
Y lo hizo a través de la sociedad de la que ambos son propietarios, Aizoon, al facturar a través de la misma --como rendimientos de actividades económicas-- las retribuciones que cobró de entidades privadas por su condición de consejero asesor.
Todo ello, según la Fiscalía y la Agencia Tributaria, con el objetivo de tributar menos en su declaración de la renta. El propio Castro considera Aizoon como una sociedad pantalla de la que se valió Urdangarin para cobrar las asesorías como si de rendimientos profesionales se tratara y no de servicios personales.
Es más, Aizoon era una de las empresas ficticias que integraban el entramado societario dirigido a desviar los fondos obtenidos por parte del Instituto Nóos de las Administraciones públicas.
En cuanto al delito de blanqueo, el magistrado apunta a que doña Cristina, como socia al 50 por ciento de Aizoon, de estos ingresos presuntamente ilícitos al destinar el dinero que su sociedad percibió de Nóos a gastos particulares del matrimonio, como la reforma de su vivienda familiar, con el conocimiento de su origen delictivo. En su auto, el juez también da el primer paso para que Iñaki Urdangarin sea juzgado.

El juez Castro defiende su instrucción ante las críticas de "altas instancias institucionales y políticas"

MADRID.-  El titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma de Mallorca, José Castro, se defiende en el auto en el que cierra la investigación del "caso Nóos" frente las críticas vertidas "desde altas instancias institucionales, políticas, mediáticas e incluso judiciales" que han calificado su instrucción de demasiado larga. Afirma que no ha acordado ninguna diligencia inútil que "a priori" creyera inútil para la averiguación de los hechos.

Al inicio de los fundamentos jurídicos del auto notificado este miércoles, en el que mantiene la imputación de la Infanta Cristina por delitos fiscales y de blanqueo de capitales, Castro recuerda que abrió la investigación el 20 de julio de 2010 y niega que su labor haya permanecido inactiva ni siquiera antes situaciones que podrían haberlo motivado como la elevación de una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Valencia o la emisión por la Agencia Tributaria de los informes que se le solicitaron.

"Muy al contrario, se han utilizado días y horas que, en otro caso, serían inhábiles para la práctica de actuaciones judiciales concentrándose en ellas el mayor número posible de diligencias", recuerda Castro, sin duda en alusión a las citaciones en sábado de los principales imputados.

   El instructor recuerda que esta pieza separada del caso "Palma Arena" ha generado un sumario de 63.304 folios, se han recibido a lo largo de toda la investigación 319 declaraciones y se han dictado 340 resoluciones "que perfectamente podrían haberse multiplicado por varios enteros si no se hubiera concentrado en ellas gran número de pronunciamientos". Añade que además ninguna de ellas se dictó a través del sistema de modelación informática proporcionado por el Ministerio de Justicia.

   Castro añade que no tiene conciencia de haber acordado, ni de oficio ni a instancia de parte, diligencia alguna de investigación a sabiendas de que su resultado sería inútil para la causa, "siendo cuestión bien distinta que no todas las acordadas arrojaron el resultado que de ellas cabía esperar".

   Insiste el magistrado en que la instrucción se ha ultimado "cuando procesalmente ha sido posible hacerlo", es decir, cuando se han terminado de practicar las pruebas necesarias y cuando sobre la mesa ya no queda ninguna petición pendiente de proveer de ninguna de las partes personadas.

Gallardón dice que el alegato de Felipe VI por la independencia judicial "cobra valor" en un día como hoy

MADRID.- El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha destacado este miércoles que el alegato en favor de la independencia judicial que hizo Felipe VI durante su proclamación ante las Cortes Generales como Rey de España "cobra valor" en un día en el que el juez José Castro ha resuelto mantener imputada a su hermana, la infanta Cristina, por blanqueo de capitales y delito fiscal al cierre de la instrucción del 'caso Nóos'.

   Así lo ha puesto de manifiesto el titular de Justicia a los periodistas en los pasillos del Congreso al ser preguntado si la decisión del juez Castro evidencia que la justicia en España es igual para todos.

   Gallardón ha respondido afirmativamente: "La justicia es igual para todos los ciudadanos sin necesidad de que haya actuaciones concretas que lo vengan a acreditar", ha manifestado el ministro, recordando que "ésa es una realidad que ha sido defendida por todos los poderes del Estado".

   En este punto, ha querido poner de relieve el discurso que pronunció hace dos años el Rey don Juan Carlos alegando "la igualdad de todos los españoles ante la ley", y el que realizó el pasado jueves su hijo, Felipe VI, tras ser proclamado Rey ante las Cortes, ante las que hizo "un alegato a favor de la independencia judicial". "Creo que ambas afirmaciones cobran valor en un día como hoy", ha apostillado.

   Dicho esto, Gallardón ha mostrado su "absoluto" respeto y el del Ejecutivo por las decisiones del Poder Judicial y, en concreto, por la del juez Castro que, según ha dicho, "no es una sorpresa", sino que está "en la línea" de su actuación en el 'caso Nóos'.

   En todo caso, el titular de Justicia ha recordado que las decisiones de los órganos unipersonales son "recurribles" y, de hecho, ha destacado que ya se ha anunciado la interposición de recursos. "Por tanto, con todo el respeto hacia la decisión judicial, habremos de esperar a que la Audiencia, que es el órgano que tiene la última palabra, adopte una decisión", ha apostillado.

   Sobre la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de recurrir la imputación de Doña Cristina, Gallardón ha querido dejar claro que ésta actúa "con autonomía y, por tanto, no siguiendo instrucciones del Gobierno". 

"La decisión que adopte la Fiscalía Anticorrupción lo hará dentro de su autonomía y, por lo tanto, no es una decisión sobre la que pueda pronunciarse el Gobierno", ha insistido.

   Preguntado en este sentido que si va a hacer lo propio la Abogacía del Estado, el ministro ha remarcado que primero este órgano, dependiente del Gobierno, deberá de estudiar el perjuicio patrimonial que, en su caso, pueda haber existido. "Son circunstancias distintas", ha recalcado.

El juez archiva la imputación del secretario personal de las Infantas y de otras ocho personas

PALMA DE MALLORCA.- El titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma, José Castro, ha archivado la imputación que pesaba sobre el secretario personal de las Infantas, Carlos García Revenga, así como sobre otros ocho encausados en el marco del caso Nóos, tal y como consta en el auto de pase a procedimiento abreviado con el que este miércoles ha puesto fin a la instrucción de este procedimiento judicial.

   Junto a García Revenga, el juez también ha acordado el sobreseimiento para el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau; el empresario valenciano Miguel Zorío y el exdirectivo del Instituto Nóos, Mario Sorribas, así como para Robert Cockx, Luis Tejeiro, Salvador Trinxet, Miguel de la Villa y Gerardo Corral.

Castro mantiene imputada a la Infanta por blanqueo y fraude fiscal y abre la vía para que sea juzgada

PALMA DE MALLORCA.- El titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma, José Castro, ha puesto este miércoles fin a la instrucción del caso Nóos tras cuatro años de investigaciones, y ha acordado mantener la imputación de la Infanta Cristina por presunto blanqueo de capitales y como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales. El juez abre así la vía para que la Duquesa de Palma pueda sentarse en el banquillo de los acusados.

   Así lo ha decretado mediante un auto, conocido como pase a procedimiento abreviado, en el que también da el primer paso para que Iñaki Urdangarin sea juzgado. Se trata de una resolución contra la que cabe interponer tanto recurso de reforma -ante el propio Juzgado- como de apelación -directamente ante la Audiencia Provincial de Baleares-.

En concreto, Castro considera a la Duquesa cooperadora necesaria de los dos delitos fiscales que habría cometido su marido, al sostener que su papel fue imprescindible para que Urdangarin pudiera defraudar hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF correspondientes a los años 2007 y 2008. Y lo hizo a través de la sociedad de la que ambos son propietarios, Aizoon, al facturar a través de la misma -como rendimientos de actividades económicas- las retribuciones que cobró de entidades privadas por su condición de consejero asesor.

   Todo ello, según la Fiscalía y la Agencia Tributaria, con el objetivo de tributar menos en su declaración de la renta. El propio Castro considera Aizoon como una sociedad pantalla de la que se valió el esposo de Urdangarin para cobrar las asesorías como si de rendimientos profesionales se tratara y no de servicios personales. Es más, Aizoon era una de las empresas ficticias que integraban el entramado societario dirigido a desviar los fondos obtenidos por parte del Instituto Nóos de las Administraciones públicas.

   En cuanto al delito de blanqueo, el magistrado apunta a que doña Cristina, como socia al 50 por ciento de Aizoon, de estos ingresos presuntamente ilícitos al destinar el dinero que su sociedad percibió de Nóos a gastos particulares del matrimonio, como la reforma de su vivienda familiar, con el conocimiento de su origen delictivo.

La infanta Cristina tendrá que renunciar a sus derechos dinásticos / Pilar Gassent

Llega el día en el que podríamos conocer, por fin, una de las decisiones más esperadas. Se trata de saber si el juez Castro mantiene o no la imputación de la infanta Cristina en el caso Nóos, lo que sería el primer paso para sentarla en el banquillo de los acusados una vez que el juez dicte la apertura de juicio oral, si no prospera el recurso que el fiscal Horrach, contrario a dicha imputación, ya tiene preparado. 

Hace tres semanas que el Rey don Juan Carlos anunció su decisión de abdicar y en ese tiempo ha culminado un proceso que se ha llevado a cabo con una celeridad asombrosa y con el que se pretende dar la vuelta a la baja estimación que los españoles sienten hacia la Corona desde que estalló el escándalo de corrupción de Iñaki Urdangarin, entre otras cosas. 

 La posible confirmación de la imputación de doña Cristina, el miembro de la Familia Real que más daño ha causado a la institución, explicaría la rapidez con la que se ha ejecutado la alternancia en la jefatura del Estado y el viaje de la reina doña Sofía a Ginebra para convencer a su hija de que renuncie a los derechos dinásticos que se ha empeñado en conservar y evitar así que su situación procesal perjudique a su hermano, el nuevo Rey Felipe VI.

Esta tesis es la que adelantaba en republica.com José Oneto en su artículo “Imputación de una Infanta y derechos dinásticos”, en el que recordaba que “hasta ahora, y a pesar de las presiones de la Zarzuela, la infanta Cristina se ha negado a renunciar a esos derechos, que en la actualidad, son puramente simbólicos. Ella ha defendido a su esposo por encima de todo, y no ha querido hablar de separación matrimonial, convencida de que se ha cometido una injusticia tanto con él como contra ella misma, que acusa a su hermano de haber sido uno de los impulsores del alejamiento familiar que se ha producido desde hace más de un año”.

Pero, a partir de este miércoles, el ‘caso Nóos’ que instruye José Castro puede imprimir un giro significativo a la relación de la infanta con su familia, de la que ya se encuentra apartada al igual que su hermana, si se confirma la previsión de que el juez la acuse de blanqueo de capitales y de cooperación para dos delitos fiscales. Su marido, desde el epicentro del escándalo, trata de salvarla in extremis pero sin desistir de la tozudez con la que hasta ahora se ha negado a aceptar su responsabilidad en los delitos que van a acabar salpicando a su mujer. Una vez que se ha producido el relevo en la Monarquía, Castro tiene las manos libres para confirmar su imputación y esto es lo que habría provocado que doña Sofía tome la iniciativa para aislar al nuevo monarca del escándalo.

El auto que Castro tiene preparado desde hace tiempo y que no ha dado a conocer a la espera de completar algunas diligencias solicitadas por las partes y para no interferir en la proclamación de Felipe VI, imputaría a la infanta Cristina por blanqueo y por cooperación en los dos delitos fiscales cometidos por Iñaki Urdangarin en 2007 y 2008, según publicaba este lunes el diario El Mundo. Estos delitos podrían suponer hasta once años de cárcel de ser declarada culpable, al acumular seis años como máximo por blanqueo de capitales y cinco en el peor de los casos por cooperar en la comisión de un delito contra la Hacienda Pública.

Del delito fiscal a la ‘cooperación’ en delito fiscal

La acusación del juez se sustenta en que la infanta era copropietaria al 50% de Aizoon y que, por tanto, ella permitió que se tributara a través de la empresa pantalla montada por el duque de Palma para desviar los fondos captados por el Instituto Nóos. Además, habría participado en el blanqueo de esos fondos al haber cargado gastos particulares a la empresa. La hermana del actual monarca podría librarse si prospera el recurso del fiscal, lo que entraña el riesgo de que la misma Audiencia Provincial de Palma que señaló a Castro el camino de los delitos fiscales lo tumbe, o si su marido decide autoinculparse y exonerarla. De hecho, el juez ha pasado de atribuirle un delito fiscal a imputarle solo cooperación en esos delitos, en los que se habría defraudado 182.000 euros en 2007 y 155.000 en 2008.

Urdangarin, mientras tanto, se resiste a asumir la responsabilidad de esos delitos y prefiere ir a juicio para defenderse, pese a que un pacto con la Fiscalía hubiera propiciado una rebaja de las penas a las que se enfrenta. La estrategia del duque para ayudar a su mujer es otra: minimizar el delito tributario, saldando las deudas que le exige Hacienda. En esa línea, ha planteado directamente al fiscal que le retire o le reduzca al mínimo la posible pena por fraude fiscal si efectúa el depósito de la cantidad que Hacienda le reclama, más de 337.000 euros.

Hacer esto supondría admitir que ha cometido una irregularidad, en contra de la postura que ha mantenido siempre consistente en proclamar su absoluta inocencia. Pero, si el fiscal le retira la acusación de delito fiscal, tampoco se podría acusar de este delito a su mujer, que evitaría enfrentarse a un juicio. Ahora bien, la fiscalía Anticorrupción ya le ha comunicado que no se va a aceptar esta propuesta. El fiscal, con independencia de que pague o no los impuestos que en su momento no abonó, mantendrá su acusación, lo que no supone que cuando llegue el día del juicio, pueda valorar alguna atenuante, como podría ser la de reparación del daño.

La argumentación exculpatoria del duque

Es decir, el fiscal no da por buena la argumentación que el propio Urdangarin le ha facilitado en dos escritos exculpatorios para justificar la salida que propone. El duque facturó sus trabajos profesionales para una serie de empresas privadas a través de Aizoon y la Agencia Tributaria sostiene que ese dinero se debió tributar como sueldo personal y no como ingreso empresarial. En sus escritos, el imputado admite que eso es cierto pero alega que las empresas que le contrataban estaban obligadas a retener unas determinadas cantidades y no lo hicieron. Es más, aporta un cálculo según el cual, restando estas retenciones, la cuota defraudada no alcanzaría la categoría de delito y sólo se podría hablar de irregularidad tributaria.

En cualquier caso, el juez Castro parece decidido a juzgar no solo a Iñaki Urdangarin sino también a la infanta Cristina. La hija del rey Juan Carlos, y hermana menor de Felipe VI ya fue interrogada el pasado mes de febrero en Palma por los gastos realizados con dinero proveniente de la sociedad patrimonial Aizoon que justificarían, a criterio del juez y de la acusación popular ejercida por Manos Limpias, la comisión de los dos delitos que pesan sobre ella. Los abogados de la Infanta no recurrieron la imputación de su clienta y, por lo tanto, mantiene la condición de imputada en la causa.

Lo más probable es que de la lista de más de treinta personas que han desfilado por el juzgado de José Castro se caiga finalmente la mitad, aunque no parece que la criba vaya a afectar a los otros principales querellados, el exsocio de Urdangarin, Diego Torres, y la mujer de este último, Ana María Tejeiro.

El auto que seguramente dictará el juez este miércoles -“previsiblemente” dijo el propio Castro el pasado lunes- es recurrible en reforma y/o subsidiario de apelación, es decir, la decisión final sobre todos los imputados, incluida la Infanta, la tendrá la Audiencia de Palma. Se espera que tanto la Fiscalía Anticorrupción (Pedro Horrach) como la Abogacía del Estado (Dolores Ripoll) y la propia defensa de la infanta Cristina, recurran la resolución del juez.

http://www.republica.com/2014/06/24/la-infanta-cristina-tendra-que-renunciar-a-sus-derechos-dinasticos-si-castro-confirma-su-imputacion_821405/