MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha citado como
imputados el próximo 17 de junio a 12 empresarios y tres
familiares del Rey Juan Carlos por participar presuntamente en el
blanqueo de capitales que realizaba la trama china dirigida por el
empresario Gao Ping a través de cuentas bancarias en Suiza gestionadas
por la rama hebrea de la organización, informaron fuentes jurídicas.
Entre los imputados, a los que se atribuye un delito contra la Hacienda
pública y otro de cooperación para el blanqueo de capitales, se
encuentran el constructor Antonio Banús Ferré, el industrial Enrique
Ortega y tres parientes del monarca, María Margarita Borbón Dos Sicilias
Lubomiska, su hermana María Inmaculada, y la hija de ésta, María Ilia
García de Sáez.
Banús Ferré y Ortega Cedrón han quedado estes
lunes en libertad con comparecencias mensuales a pesar de que la
Fiscalía Anticorrupción ha solicitado su ingreso en prisión eludible con
sendas fianzas de 50.000 y 80.000 euros.
El primero ha
admitido durante su declaración, según han señalado las citadas fuentes
jurídicas, que tenía cuentas en Suiza y que se acogió a la amnistía
fiscal, aunque ha asegurado que no recibió dinero de los responsables de
la trama desmantelada con la 'operación Emperador'. Ortega Cedrón, por
su parte, se ha negado a declarar.
El juez Andreu, que investiga estos hechos en una pieza separada del
'caso Emperador' que estaba secreta, no citará de momento a María
Inmaculada y María Margarita Borbón Dos Sicilias Lubomiska porque sufren
problemas de salud, aunque María Ilia García de Saéz Borbón Dos
Sicilias declarará este martes ante el juez instructor.
También han sido imputados José Velasco Meseguer y Santiago Calle
Quirós, que declararán el próximo miércoles; José Antonio Fernando Gil
González y Enrique Lasarte Pérez Arregui, que lo harán el jueves; y José
Leandro Torrontegui y José Luis Torrontegui Fierro, que acudirá a la
Audiencia Nacional el viernes.
El lunes 17 de junio el titular
del Juzgado Central de Instrucción nº 4 interrogará a Franscisco de
Borja Otero, María Mercedes Gómez Arbex, Ignacio Miguel Bernar Elorza e
Inmaculada Gómez Arbex.
La
trama hebrea de la supuesta red de evasión fiscal liderada por Gao Ping
blanqueaba dinero a "reputados" joyeros de la comunidad judía que
estaban asentados tanto en España como en Israel, según un oficio del
Cuerpo Nacional de Policía contenido en el sumario de la 'operación
Emperador'.
En las conversaciones telefónicas intervenidas a
la trama se desprende que María Margarita y María Inmaculada, primas
lejanas del Rey, se relacionaban con la trama a través de la empresaria
María Ilia García de Sáez.
Las actividades de la trama hebrea
corrían a cargo de la rama empresarial dirigida por la ciudadana israelí
Malka Mamman Levy, a la que la Fiscalía Anticorrupción considera "eje
vertebrador de la organización criminal especializada en blanqueo de
capitales", "nexo de unión" entre la estructura internacional y los
clientes españoles, y "enlace de una serie de intermediarios de ámbito
nacional dedicados al mercado del dinero negro".
La imputada
tenía una relación directa con el experto en diamantes Menachem Casif
Fouzailoff, al que solía referirse con el apodo de 'Meni'. Se trata,
según los fiscales del caso, Juan José Rosa y José Grinda, de "un
reputado joyero y experto diamantero" que era "popular entre los
miembros de la comunidad hebrea en España" y actuaba como
"intermediario" para el blanqueo de capitales de joyeros asentados en el
Diamond District, de Tel Aviv, el complejo más grande del mundo de
producción de diamantes.
El joyero se habría granjeado "éxito
en su ramo, no sólo por su pericia y profesionalidad" sino también por
su "influyente posición en un entramado criminal de origen hebreo
asentado en España" dedicado al contrabando y la evasión fiscal, según
un informe del Ministerio Público que obra en la causa.
El escrito de los fiscales también destaca que Casif Fouzailoff era
miembro de la bolsa de diamantes de Tel Aviv, a través de la cual
realizaba "operaciones para los clientes de la organización". De esta
forma, la red de Gao Ping utilizaba su posición para "la realización de
transferencias internacionales destinadas a ocultar el origen y destino
del capital utilizado, blanqueando su procedencia y evadiendo el control
y fiscalización gubernamental".
El joyero, que está imputado
por el juez Fernando Andreu, tenía capacidad "ilimitada" para realizar
transacciones internacionales. A cambio obtenía "dinero en metálico para
la compra-venta fuera del mercado lícito de piedras preciosas y otros
materiales valiosos", al tiempo que utilizaba a otros miembros de la
organización como Malka Mamman Levy para "transportar por contrabando
piedras y metales preciosos".
