MADRID.- El presidente de los Técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado,
ha denunciado hoy que la Agencia
Tributaria no está cooperando con el juez José Castro --que está
instruyendo el caso contra Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres--,
ya que no ha entregado los informes "independientes" que les ha pedido
el juzgado sobre la infanta Cristina, sino que lo que ha hecho ha sido
recoger lo que dice la Abogacía del Estado. Además avisa de que estos
informes de Hacienda no los firman ni los inspectores y técnicos
asignados al caso y que además, se amparan en cuestiones formales para
no aclarar lo que pide el juez.
El presidente de Gestha asegura
que realmente "no hay informe" de la Agencia Tributaria sobre la infanta
Cristina porque lo que hace el Delegado Especial de Hacienda en
Cataluña, Gonzalo David García de Castro, es "referirse o copiar el de
la Abogacía del Estado".
Por lo tanto, asegura que Hacienda no está ejerciendo sus funciones
de "auxilio judicial".
"No hay auxilio judicial", recalca en relación
con el último informe que ha emitido la Agencia Tributaria sobre la
infanta Cristina en respuesta a la petición del juez de que aclarara las
"lagunas y contradicciones" de otro informe anterior, en relación con
la posible intervención de la infanta Cristina en las presuntas
irregularidades fiscales de Aizoon.
En concreto, el juez Castro pedía,
tal y como le había reclamado la Audiencia Provincial de Palma, que se
aclarara si la Infanta pudo hacer uso de los fondos de Aizoon para la
rehabilitación de su vivienda en Barcelona o para otras atenciones
personales y familiares.
Sin embargo, según explica Carlos Cruzado, el informe que ha
emitido el Delegado Especial de Hacienda de Barcelona se ampara,
primero, en una cuestión formal al alegar que no puede desarrollar el
expediente administrativo abierto sobre Aizoon --sociedad de la que es
accionista la 50 por ciento la Infanta-- porque hay un proceso penal en
curso y que hasta que este no concluya, "no cabe emitir, ni añadir o
suprimir nada del informe anterior".
Cruzado considera esta respuesta una excusa formal porque una vez
que el caso está judicializado sí se puede emitir un informe para el
juez que lo pide. Además, según el presidente de Gestha, la Agencia
Tributaria se limita a "reproducir" lo que dijo la Abogacía del Estado,
con lo que, alega, "no se mantiene la independencia que debe tener el
auxilio judicial".
La Abogacía del Estado aseguró --tras el auto de la Audiencia
Provincial de Palma en el que preguntaba por qué se había levantado
parcialmente el velo societario de Aizoon y sólo se habían desvelado los
cobros correspondientes a Urdangarín y no al otro socio que es la
Infanta--, que no es cierto que la Agencia Tributaria haya levantado el
velo societario de Aizoon y que en caso de que esto hubiera ocurrido los
ingresos no se atribuirían a los dos socios por igual, sino a aquel que
los hubiera generado. Además, alegaba que si el velo se levantara
habría que prescindir de la figura societaria y por lo tanto, de los
socios.
Los Técnicos de Hacienda también consideran un argumento "poco
sólido" el que da la Abogacía y hace suyo Hacienda, porque, aseguran,
"no es lo mismo una sociedad en la que hay 10.000 socios que una en la
que sólo hay dos y además son matrimonio".
La conclusión de Gestha, tras este informe enviado al juzgado de
Palma, es que la Agencia Tributaria "no coopera con el juez" Castro. Una
afirmación que sustentan también en el hecho de que el primer informe
emitido, que iba firmado por la directora de la Agencia, se niega al
instructor del caso el nombramiento en auxilio judicial de un
funcionario del Servicio de Vigilancia Aduanera, alegando que los dos
inspectores que tiene asignados están suficientemente capacitados.
Para Carlos Cruzado, este informe "no dice la verdad" porque sí se
puede nombrar a esa persona en auxilio judicial. "Lo que ocurre es que
la directora no quiere nombrarlo", ha apostillado.
Además, califica de "sorprendente" que los dos informes entregados
en el Juzgado estén firmados por la directora --el primero-- y por el
delegado especial de Hacienda --el segundo-- y no por ninguno de los
inspectores y técnicos de Hacienda que están asignados a este caso como
auxilio judicial.
En su opinión, es una "contradicción" que denieguen un experto de
la Agencia, nombren inspectores y al final asuman lo que dice el Abogado
del Estado, del que no duda de su formación jurídica, pero precisa que
la formación fiscal acreditada es la de los inspectores y técnicos de la
Agencia.
Carlos Cruzado considera que a la Agencia Tributaria no le
corresponde valorar si la Infanta debe o no ser imputada, sino emitir un
"informe independiente" con una "valoración técnico fiscal" en relación
a ella, con los datos que ha solicitado el instructor de la causa y
aclarar si Cristina de Borbón ha tenido participación y colaborado en
que su marido cometiera delito fiscal. Añade que luego corresponde al
juez valorar los datos y decidir si hay o no imputación.
Sin embargo, insiste, a la vista de esta documentación, "la
Agencia no está cumplimentando ese auxilio judicial que pide el juez".
