Después de la traca palmesana del fin de semana, las
cosas deberían volver a su cauce. O sea, al proceso indagatorio sobre
las trapacerías de dos indeseables y la colaboración necesaria de los
cargos políticos que les hicieron el juego. De las deposiciones
judiciales de Urdangarín y García Revenga, por un lado, y el blanqueo mediático de Corinna, por otro, uno saca la conclusión de que las bombas atómicas de Diego Torres, en forma de correos electrónicos expresamente seleccionados con la intención de salpicar al Rey, e incluso al Príncipe de Asturias,
son en realidad bombas fétidas. No matan, pero huelen fatal. Carecen de
relevancia judicial, pero avivan el desprestigio de la institución y
a las personas que la representan.
Queda formalizada en
sede judicial la desvinculación de la Corona en los negocios de
Urdangarín: “Declaro que la Casa de Su Majestad el Rey no opinó,
asesoró, autorizó o avaló las actividades que yo desarrollaba en el
Instituto Noós”. Es perfectamente congruente con el hecho acreditado de
que, en la primavera de 2005, el asesor jurídico del Rey descubre lo que
siete años después el juez Castro pondrá negro sobre blanco en un auto: que el marido de la infanta Cristina,
junto a su antiguo profesor en el ESADE, están aprovechando el
parentesco del primero con la Casa Real para “acudir a altas
instancias políticas puenteando escalones y trámites que para cualquier
ciudadano serían insoslayables”.
Todo eso no detiene el
alarmante proceso de vulgarización de la Monarquía. Su creciente pérdida
de carisma corre en paralelo con el deterioro físico de don Juan Carlos,
que ya ha pasado seis veces por el quirófano en estos tres últimos años
y lo hará por séptima vez dentro de unos días. No hay mal que por bien
no venga. Tres meses más para la forja del príncipe de Asturias en el
oficio de Rey que está llamado a desempeñar a la muerte de su padre. O a
la abdicación. O a la renuncia. O a la inhabilitación. Tres figuras que
la propia Constitución Española no descarta. No las descarta porque las
contempla (artículos 57 y 59), aunque no hayan sido desarrolladas por
ley orgánica. Sobre ese vacío legal trabajan los servicios jurídicos de
Zarzuela, como es su deber, a fin de armarse argumentalmente frente a la
formulación de diferentes escenarios sucesorios. Asunto de viva
polémica en la actualidad nacional más reciente, que viene descargado de
su dramático peso histórico por el enfrentamiento de españoles
polarizados entre república y monarquía.
Un republicano de los de ahora como Pere Navarro, líder de los socialistas catalanes, acaba de abrir la controversia don Juan Carlos vs. don Felipe
y no monarquía vs. república. Y aun así, ha sido expresamente
desautorizado por la dirección del PSOE que, como todo el mundo sabe,
fue un firme baluarte de la causa republicana hasta su apuesta
monárquica de 1978. Esta, en nombre del consenso de la transición, a la
que también se sumó el Partido Comunista de España, ha contribuido
decisivamente al más largo periodo de paz, estabilidad y progreso que ha
conocido España desde su aparición como Estado moderno a finales del
siglo XV. Conviene no perder la perspectiva.
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