La Infanta Cristina reconoce que sabía que el Rey pidió a Urdangarin que dejara Nóos

PALMA DE MALLORCA.- La infanta Cristina ha reconocido al juez del caso Nóos que supo que el Rey Juan Carlos advirtió a su marido, Iñaki Urdangarin, en 2006 de que dejara sus actividades en el Instituto Nóos, a través del conde de Fontao, José Manuel Romero.

Según han informado fuentes jurídicas, así lo ha dicho durante su comparecencia ante el juez instructor José Castro, quien está tratando de "señora" a Doña Cristina durante el interrogatorio que comenzó a las 9.58 horas y que lleva ya casi cinco horas declarando.

Las mismas fuentes han confirmado que la Infanta ha dicho que accedió a participar en la creación de la empresa familiar Aizoon porque tenía confianza en su marido, pero que no sabía nada sobre la actividad y gestión de la misma.

Evasivas

La Infanta Cristina "está contestando el 95% de las preguntas con evasivas", reveló el abogado de Frente Cívico Manuel Delgado a los periodistas durante un receso de la declaración de la hija del Rey.

El letrado de la acusación particular aseguró que la Infanta no se ha derrumbado en ningún momento y que "viene muy bien preparada". Añadió que la duquesa de Palma "está ejerciendo su derecho a no declarar en contra" de Iñaki Urdangarin.

El juez José Castro podría haber preparado una batería de cientos de preguntas, según han informado fuentes cercanas al magistrado consultadas por este periódico, que elevan hasta alrededor de 400 las cuestiones.

La infanta Cristina ha entrado en coche a las 9:46 horas peninsular a los juzgados de Palma, donde estaba citada para declarar como imputada en el caso Nóos a partir de las 10:00 horas, y, tras descender del vehículo, ha recorrido unos metros a pie hasta la puerta del edificio judicial.

La Infanta Cristina tendrá que responder, entre otras muchas preguntas, si su padre, el Rey Juan Carlos, le pidió a finales del 2005 o principios del 2006 que se apartara del Instituto Nóos, una entidad dirigida por su marido y sospechosa de desviar varios millones de euros de fondos públicos.

Todo estaba preparado ayer ya para el interrogatorio de la duquesa de Palma, que, tal y como confirmó el juez José Castro, será grabado en audio y a él asistirá un abogado del Frente Cívico de Julio Anguita, admitido como acusación popular.

Aunque la Infanta no está acusada de ningún delito por haber sido vocal del consejo de dirección de Nóos, ni por su supuesto papel de gancho para que su esposo captase millones de euros de administradores públicas, hoy tendrá que dar explicaciones de su salida de ese instituto.

La pregunta de si el Rey le conminó a ella, y sobre todo a su esposo, a que dejaran de hacer negocios con Diego Torres servirá para aclarar si, como apuntó la Audiencia, la Infanta conocía, a partir de marzo del 2006 o antes, el origen irregular de los fondos trasvasados desde Nóos a Aizoon S.L., la consultoría cuya propiedad comparte al cincuenta por ciento con su marido.

Según el instructor, Aizoon cobró, entre marzo del 2006 y 2007, casi 300.000 euros procedentes de Nóos, cantidad que obedecía a facturas anteriores a la marcha de los duques de Palma del instituto.

Iñaki Urdangarin fue interrogado sobre las admoniciones que le hizo su suegro, a través de personalidades de la Casa Real, para que se apartara del Instituto Nóos. Según el duque de Palma, el Rey le pidió que dejara de mantener contactos continuos con Diego Torres y Nóos, pero no le prohibió que mantuviera relaciones esporádicas. De hecho Urdangarin, siguió vinculado a Torres y a las entidades que sucedieron a Nóos hasta 2008 y 2009.

La propia defensa de doña Cristina ha admitido que su representada se desvinculó de Nóos tras las interpelaciones parlamentarias que cuestionaron los fondos públicos pagados al instituto de su marido.

No es un privilegio

Por otro lado, el juez resolvió ayer sendos recursos de Manos Limpias y la defensa de Diego Torres, que querían que la declaración de hoy se registrase en soporte audiovisual y no solo en soporte audio.

Castro desestimó esos recurso y ratificó que el interrogatorio de Doña Cristina se grabará en audio. El juez recuerda que la grabación es un método ágil y fidedigno y que, hasta el momento, no se ha producido en el caso Nóos ninguna difusión de interrogatorios de testigos o imputados.

Las cintas con esas declaraciones son custodiadas por la secretaria del juzgado, Lourdes Peña Aranguren, y a las partes únicamente se les proporciona una trascripción en papel.

Castro descartó en su auto que grabar la voz no representa "absolutamente ningún privilegio" para Doña Cristina y otras personas que en el futuro pidan esa misma fórmula.

Los abogados de la Infanta han solicitado que su comparecencia no se registre en imagen para evitar que esa cinta, cuando el sumario pase a otras instancias, acabe saliendo a la luz pública, con el consiguiente deterioro de la imagen de Doña Cristina.

El magistrado también acordó ayer que la acusación popular Frente Cívico-Somos Mayoría de Julio Anguita disponga hoy de sus abogados para interrogar a la duquesa de Palma.

Manos Limpias y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach habían pedido que el frente de Julio Anguita compartiera abogados con la primera.

Ambas entidades ejercen la acusación popular y se pretendía unificarlas en una sola parte.

El instructor explica que, en su día, el Partido Popular, que también ejerce la acusación popular, ya pidió unificar su defensa con Manos Limpias, algo que se rechazó por las diferencias entre ambas entidades.

Castro añade que Manos Limpias está mucho más alejado de la Asociación Civil Frente Cívico-Somos Mayoría que del PP.

En consecuencia: "deviene inasumible que se pueda imponer a Frente Cívico una representación y dirección técnicas que están abiertamente enfrentadas con ella".

Los trabajadores de Coca-Cola se manifiestan ante los Juzgados de Palma en protesta por el ERE

PALMA DE MALLORCA/MADRID.- Un centenar de trabajadores de la embotelladora de Coca-Cola en Palma se han sumado a la manifestación que a esta hora continúa en la Avenida de Alemania de Palma, planteado a escasos 100 metros de donde la Infanta Cristina está prestando declaración como imputada en el marco del caso Nóos, donde deberá responder a las preguntas del juez instructor de la causa, José Castro.

   El secretario de comité de empresa de Palma y asesor de la mesa negociadora de Madrid, Juan José Bostins, ha explicado que la presencia de los empleados de la multinacional en los Juzgados de Palma es para "aprovechar la numerosa presencia de medios que hay este sábado en la capital balear" -en torno a 300 periodistas acreditados-- y mostrar el rechazo al cierre de fábricas y de delegaciones comerciales, que en total supondrá el despido de unos 1.250 trabajadores en toda España.

   El representante sindical ha apuntado que es una "vergüenza" que Coca-Cola se haya puesto a recortar empleos "como el que pasa la segadora", habiendo tenido unos beneficios de 900 millones de euros en los últimos tres años.

   Además, el momento más "sonoro" de la mañana se ha producido por el bullicio que ha originado el paso de unas 20 motos de gran cilindrada por Vía Alemania en apoyo a los manifestantes.

Desciende un 40% el consumo en Madrid

Las ventas de Coca-Cola en Madrid han caído en torno a un 40 por ciento en la primera semana de huelga de los trabajadores de la planta embotelladora de Fuenlabrada, según ha afirmado un miembro del Comité de Empresa.

   Así lo ha explicado el portavoz de los trabajadores que se han reunido con el coordinador general de IU Madrid, Eddy Sánchez, y con el portavoz del Grupo Parlamentario IU-LV en la Asamblea de Madrid, Gregorio Gordo, y miembro del Comité de Empresa de Casbega, Francisco Bermejo.

   Bermejo ha dicho que la respuesta del consumidor está siendo "tan grande" que algunos bares están dejando de servir Coca Cola mientras dure el conflicto, y que "está saliendo de ellos".

   Asimismo, ha indicado que la última encuesta llevada a cabo por las consultoras en Velázquez, Serrano, Manuel Becerra y Pueblo Nuevo, "daba una pérdida del 27 por ciento de la venta" en la primera semana, y que el jueves ya se hablaba de un 40 por ciento.

   "No sabemos si es el 40, el 30 ó el 28 por ciento, no tenemos los datos, lo que sí que es cierto es que la población de Madrid, todos los consumidores, están dando tal apoyo que sí que es posible", ha agregado Bermejo, quien ha señalado que "esa sensibilidad no había estado nunca".

   Bermejo ha explicado que los trabajadores de Coca Cola están tratando de buscar apoyo por parte de la sociedad y los partidos políticos para que apoyen un conflicto que, a su juicio, "es injusto a todas luces". En este sentido, ha argumentado que "todas las empresas del grupo, que eran siete embotelladoras, tienen beneficios".

   "Nosotros entendemos que esto es una aplicación de la reforma laboral y una especulación pura y dura del mundo empresarial actual", ha señalado. Según Bermejo, la empresa no alega causas económicas sino organizativas para justificar el ERE, que dice es "consecuencia de un proyecto que se llama 20+20 de la compañía Coca-Cola a nivel mundial", por el que tiene que duplicar los beneficios entre 2010 y 2020.

   Bermejo ha afirmado que van a despedir a 1.253 trabajadores en España y a 581 en Fuenlabrada, según los datos a diciembre de la plantilla. "Si se cierra la fábrica, en teoría están afectados todos", ha precisado sobre el caso de la planta de Fuenlabrada.

   En cuanto a las 500 recolocaciones de las que habla la empresa, Bermejo ha asegurado que en realidad el trabajador es despedido y pasa a una bolsa de empleo. "El trabajador que ahora despiden tiene que pasar a hacer una oposición para ocupar otro puesto. Eso no es una recolocación, eso es una trampa", ha aseverado.

   En cuanto a las negociaciones, Bermejo considera que "están esperando que se acabe el plazo porque negociar no se está negociando" y "lo único que han ampliado" es la indemnización hasta 30 días por año hasta un máximo de 18 meses.

   Respecto al cierre de la planta de Fuenlabrada, el representante de los trabajadores ha afirmado que "es un destrozo del empleo a nivel de la Comunidad de Madrid" y que "no tiene ninguna lógica desde el punto de vista empresarial, porque los centros de producción tienen que estar cerca de donde está el consumo".

   "El consumo de Madrid es el más importante de Europa porque la renta per cápita por consumidor de Madrid es la más alta de Europa", ha apuntado, a lo que ha agregado que "Madrid tiene un consumo aproximadamente de 110 millones de cajas al año, cajas unidad", compuestas por 24 botellas de vidrio rellenables de 200 ml.

   Bermejo ha dicho que los trabajadores de la planta de Fuenlabrada no saben qué va a pasar con las instalaciones, pero cree que "puede ser que la reabran después con salarios de 800 euros". En este sentido, ha dicho que el cierre es un "problema social", porque "Casbega era una fuente de empleo y de bienestar".

   "Ahora trabajar en Coca-Cola va a ser igual que trabajar en una empresa que no tiene ningún poder económico ni tiene ninguna posibilidad de dar a los trabajadores un estado de bienestar como teníamos nosotros", ha agregado, al tiempo que ha advertido de que "si Coca-Cola puede hacer esta locura, la puede hacer cualquier empresa".

La infanta Cristina ya declara ante el juez Castro tras llegar en un 'Ford' a los juzgados de Palma

PALMA DE MALLORCA.- Cristina de Borbón ha llegado a las 9.46 horas horas a su particular cita con la historia en los juzgados de Palma de Mallorca envuelta en una marea de flashes. La hija del Rey ha aparecido en un Ford gris, que le ha conducido directamente a la puerta trasera del tribunal, ahorrándole recorrer los 40 metros de la llamada ‘rampa de la vergüenza’.

La hija del Rey, muy sonriente, se ha dejado ver durante unos catorce segundos, mostrándose más serena que su marido cuando compareció ante el juez Castro. La imputada, vestida casual -con una chaqueta oscura y pantalón gris oscuro- ha saludado en dos ocasiones a la prensa con un “buenos días” antes de encontrarse a la puerta del juzgado con su abogado Jesús Silva, quien ha sido el encargado de recibirla con un apretón de manos y de acompañarle en el paso del arco de seguridad. Cuando los periodistas les han preguntado como se encontraba, se ha limitado a decir un “bien, bien”. En el coche de la infanta también viajaban un policía de paisano y un conductor.

La infanta, con su llegada en coche hasta la misma puerta, ha despejado una de las grandes incógnitas de este interrogatorio: si iba o no a recorrer la famosa cuesta, como ya hizo en dos ocasiones su marido en 2012 y 2013. Finalmente Zarzuela ha preferido, a pesar de las críticas por su trato preferente, marcar diferencias también con Iñaki Urdangarin en este aspecto y, de paso, ahorrarle a la hija del Rey una foto que le iba a marcar de por vida. La Casa Real ha contado en esta estrategia para que la duquesa no hiciese el famoso paseíllo con los informes de la Policía, que recomendaron que llegase en vehículo hasta la puerta ante el riesgo de que hubiera numerosos “grupos hostiles” manifestándose en las inmediaciones. Cosa que, al menos hasta ahora, no ha ocurrido.

El impresionante dispositivo de seguridad para proteger en esta cita judicial a la infanta, que ha recorrido a pie unos cinco metros, ha impedido al millar de manifestantes congregados en las cercanías del tribunal, siquiera ver de lejos la imagen de la imputada, quien probablemente apenas haya podido escuchar de lejos las consignas contra la monarquía que gritaban en el momento de su llegada.

La infanta ha volado directamente esta mañana desde Barcelona a Palma. La hija del Rey, que pretende acortar al máximo su estancia en la capital balear, ha salido a las 7.10 horas del apartahotel en el que se ha alojado estos días en la ciudad condal con destino al aeropuerto del Prats. Minutos después de las 9.00 horas de la mañana ha aterrizado en el aeródromo palmesano, desde ha partido directamente a los juzgados.

Dentro de esa sede judicial ya le esperaban el más de medio centenar de protagonistas de este histórico interrogatorio, entre ellos el juez José Castro (en el edificio del tribunal desde las 7.00 horas de la mañana), el fiscal Pedro Horrach, las acusaciones y los abogados de los otros imputados...

Ante ellos ya ha empezado a responder a las preguntas sobre su implicación en la empresa Aizoon, de la que era propietaria al 50% con su marido, y que supuestamente sirvió para desviar cerca de un millón de euros de dinero público a bolsillos privados. La hija del Rey está enfrentándose en estos momentos a más de 300 preguntas sobre esa mercantil, empezando por las cuestiones que le plantea el magistrado Castro, quien ha decidido llevar el timón del interrogatorio y empezar él mismo con las preguntas.

Todos los juristas consultados apuntan a que la única estrategia de defensa de Cristina de Borbón hoy pasa por mostrarse como absolutamente ignorante de la economía familiar y, sobre todo, de las cuentas de Aizoon.

La hija del Rey declara ya como imputada por fraude fiscal y/o blanqueo de capitales. En este primer delito, la hija del Rey podría ser cooperadora necesaria de los delitos de fiscales que cometió su marido en 2007 y 2008 por facturar a través de la empresa de ambos, Aizoon, sus trabajaos de asesoría a multinacionales. 451.888 euros en 2007 y 378.734 en 2009. La otra variante, más probable, es considerarla, como hace el magistrado José Castro, coautora de un doble delito fiscal cometido por haber facturado gastos personales a Aizoon.

El blanqueo, por su parte, está tipificado en el artículo 301 del Código Penal. Imputar este delito a la hija menor del Rey pasa por probar que ella estaba al tanto de que el dinero de Aizoon que la infanta usó durante años para abonar gastos personales era de origen ilícito. La otra parte, la de demostrar que la duquesa usaba habitualmente el dinero de la empresa bajo sospecha, ya está hecho. Son inumerables las facturas y extractos bancarios y de tarjetas que apuntan a que ella pagó viajes, material escolar, fiestas familiares, vinos, vajillas, cursos de baile, cenas, hoteles…a cuenta de Aizoon.

José Castro, el juez tranquilo que sacude a la monarquía española

PALMA DE MALLORCA.- Discreto y determinado, el juez José Castro se ha forjado una imagen de trabajador infatigable, pero también ha sido blanco de críticas durante la investigación, en la que ha decretado la declaración judicial el sábado de la infanta Cristina.

A sus 68 años, Castro es conocido por su lenguaje directo, que aplica tanto a los pequeños delincuentes que comparecen ante él en su sala de instrucción de Palma de Mallorca como a sus más famosos imputados.

Veterano de la judicatura, no ha dudado en aplicar su habitual ironía a su más ilustre imputada hasta ahora: la infanta Cristina, hija del rey Juan Carlos y a sus 48 años primer miembro de la Familia Real en ser imputada judicialmente.

Habrían bastado unos folios, pero el juez Castro dedicó 227 páginas a fundamentar la imputación por fraude fiscal y blanqueo de capitales, llegando casi a ironizar sobre la justificación de algunas facturas atribuidas a la sociedad Aizoon, propiedad al 50% de la infanta y su esposo, Iñaki Urdangarin, de 46 años. Castro sospecha que este último, medallista olímpico de balonmano, pudo haber desviado junto a un exsocio más de seis millones de euro de dinero público.

En este asunto, Aizoon podría haber servido de pantalla para desviar una parte de los fondos, que la infanta supuestamente habría podido utilizar para pagar gastos personales, como es caso, según el auto judicial, de "un curso de salsa y merengue prestado en el domicilio familiar cuya conexión con las actividades de Aizoon (...) se antoja harto difícil que pueda ser satisfactoriamente explicada".

Durante 20 días, Castro redactó este texto que hizo público el 7 de enero, dedicando a ello todas sus vacaciones de Navidad y revisando hasta el último minuto un auto lleno de referencias a facturas sospechosas.

"Trabaja muchísimo, todo Palma lo sabe", afirma su hijo, David Castro, de 39 años. Los tres hijos del magistrado, todos cinturón negro y campeones de Kendo, un arte marcial japonés, han seguido su camino: dos, uno de ellos David, son abogados, y el tercero es fiscal.

Nacido en Córdoba el 20 de diciembre de 1945, José Castro se incorporó cuarenta años más tarde a los juzgados de Palma, donde en 1990 se hizo cargo del juzgado de instrucción nº 3.

Se ha ganado el afecto de sus colaboradores, que subrayan su lado "humano" y flemático, al tiempo que sabe ser "agradable incluso en momentos de gran tensión".

Aunque ya había instruido casos muy mediáticos en la isla en los años 90, ha sido con el caso 'Palma Arena' con el que su carrera ha cobrado una envergadura nacional. Desde 2008, investiga la construcción de ese velódromo, cuya financiación estaría relacionada con casos de malversación de fondos. Un sinfín de inculpados han desfilado por su despacho, incluidas personalidades como el expresidente de las islas Baleares, Jaume Matas, o el famoso arquitecto Santiago Calatrava.

A partir de 2010, el juez Castro decidió concentrarse en otra ramificación del caso: la gestión del Instituto Noos, una fundación sin ánimo de lucro que Iñaki Urdangarin presidió entre 2004 y 2006. Con la imputación en diciembre de 2011 del yerno del rey, este hombre, de aspecto sencillo, acostumbrado a vestir chaquetas de cuero, lanzó una primera bomba que sacudió la monarquía.

Mudo ante los periodistas, a los que saluda con una media sonrisa en sus idas y venidas al juzgado, al que suele llegar en moto, se muestra más abierto con los viandantes que lo animan, aunque mantiene sus reservas.

"Es un hombre muy discreto", explica su hijo David. "¿Pero, quién ha dicho que es un hombre discreto?", lanza el abogado de uno de sus imputados más famosos. "Es un 'hombre espectáculo': el tono que utiliza y la ironía, vamos, quiere que se lean sus autos y hacer que tengan repercusión. No es un tono simplemente técnico o jurídico, va mucho más allá, buscando la repercusión mediática". Este abogado, que prefiere mantener el anonimato, denuncia también el "tono muy agresivo" empleado por el juez durante los interrogatorios a su cliente.

Con la imputación de la infanta Cristina, el juez Castro también se ha granjeado las críticas públicas del fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, con el que trabajaba hasta ahora en una estrecha colaboración.

Integridad profesional o ansias de notoriedad: José Castro interrogará hoy sábado a Doña Cristina, que se sentará en el mismo asiento tapizado de terciopelo rojo que los otros imputados y frente al retrato oficial de su padre, el rey Juan Carlos, que preside la sala.

El Príncipe destaca la "madurez" y "sabiduría" del pueblo tunecino

TÚNEZ.- El Príncipe de Asturias ha destacado este viernes la "madurez" y "sabiduría" del pueblo tunecino, gracias al cual este país ha sido "siempre" un "pionero" en la construcción de un Estado "moderno" y "respetuoso" de los derechos sociales.

   Don Felipe ha representado a España en el acto de celebración de la nueva Constitución tunecina en el Palacio Presidencial de Cartago, que ha contado con la presencia del presidente francés, François Hollande, el presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, y el Príncipe Mulay Rachid de Marruecos, entre otras autoridades.

   El Heredero de la Corona ha sido una de las veinte personalidades que han tomado la palabra en el acto. Lo primero que ha hecho es transmitir a los tunecinos una "felicitación calurosa" en nombre del pueblo español y dejar claro que España comparte su "alegría" y "esperanza" en estos momentos.

   "Túnez ha sabido siempre estar en la cita con la historia y en la vanguardia de las conquistas políticas y sociales", ha subrayado el Príncipe, que ha recordado cómo España emprendió también hace casi cuatro décadas un proceso de "cambios profundos" que, en un periodo de tres años, culminó en 1978 con la aprobación por una "muy amplia mayoría" de una nueva Constitución que estableció "un marco de convivencia para todos los españoles".

   "También hoy la comunidad internacional ha reconocido y saludado los esfuerzos y sacrificios de todos los actores en favor de la adopción de la nueva Constitución tunecina" que "garantiza las libertades fundamentales, el estado de derecho, la separación de poderes y la independencia de la justicia", ha destacado el Príncipe en un discurso leído casi íntegramente en francés.

   Ha puesto en valor el apoyo que España ha prestado a la transición democrática "desde su inicio" y ha confiado en que la nueva etapa que se inicia ahora permita a ambos países "reforzar" la relación bilateral "en todos los terrenos". España, ha asegurado, tiene "la voluntad y la determinación" de "contribuir al progreso y a la prosperidad de Túnez".

   El Príncipe llegó esta mañana a Túnez, donde fue recibido en el aeropuerto con honores de jefe de Estado por el presidente de la República, Moncef Marzouki, con quien ha mantenido un encuentro.

   Don Felipe ha viajado al país magrebí acompañado del secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Benito, el secretario general de la Casa del Rey, Alfonso Sanz Portolés, el secretario del Príncipe, Jaime Alfonsín y el director general para el Magreb, Africa, Mediterráneo y Oriente Próximo, Manuel Gómez-Acebo Rodriguez-Spiteri.

   Tras el acto de celebración de la nueva Constitución, el Príncipe se ha quedado al almuerzo que ofrece Marzouki a las delegaciones que se han desplazado a Túnez. En los márgenes de estos actos, Don Felipe ha tenido oportunidad de mantener un encuentro con el presidente Hollande, al que han asistido De Benito y el presidente de la Asamblea francesa, Bernard Accoyer.

   El Príncipe y el resto de la delegación española también se han entrevistado con el primer ministro tunecino, Mehdi Jomaa, y su ministro de Exteriores, Mongi Hamdi, a quienes han entregado una carta del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, invitándoles a visitar España, con quien Túnez ha de retomar las tradicionales cumbres bilaterales o Reuniones de Alto Nivel.

   España ha sido uno de los países que más ha apoyado la transición tunecina, en la medida de sus posibilidades. El exjefe del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero fue el primer líder europeo que viajó a Túnez tras la revolución que derrocó el régimen de Zine el Abidine Ben Ali.

   Tras la llegada al poder en España del PP, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, visitó el país en marzo de 2012, para conocer de primera mano cómo estaba avanzando la transición hacia una democracia y cuáles eran las necesidades de las empresas implantadas allí.

   La presencia empresarial de España en Túnez, si bien no es muy significativa, es relevante en el sector hotelero, de la construcción, energías renovables y en agricultura.

   En el proceso de transición ha tenido un fuerte protagonismo el diplomático español Bernardino León, actual representante especial de la UE para el Sur del Mediterráneo.

   En el plano bilateral, España ha apoyado la transición tunecina a través de varios programas de cooperación, entre ellos el programa Masar que financia la AECID y que se centra en fortalecer las instituciones públicas y contribuir a capacitar a las sociedades civiles de los países del Mediterráneo que hayan iniciado reformas hacia una mayor democracia.

   En Túnez, en concreto, España ha financiado con 250.000 euros un programa de formación policial y otro para el personal de prisiones, con un coste de 300.000 euros, han informado a Europa Press fuentes diplomáticas.

   En el ámbito de la UE, España ha dado la batalla para que los Veintiocho acompañen con fondos económicos la transición para evitar que la revolución hacia la democracia se trunque si la ciudadanía no ve satisfechas sus aspiraciones de mayor prosperidad. Al final la UE ha contribuido con 400 millones de euros para Túnez en el periodo 2011-2013.

   De cara al futuro, y a petición tunecina, España y el resto de la UE trabajarán para relanzar la economía tunecina y facilitar las reformas económicas y en la justicia, además de colaborar en rehabilitar barrios marginales.

   España será uno de los países que contribuya al desarrollo de la nueva Asociación entre la UE y Túnez, que tocará aspectos como la movilidad de trabajadores, la inmigración y la seguridad.

IU propone para España un Estado federal republicano, que contemple el derecho a la secesión

MADRID.-   Izquierda Unida trabaja en la propuesta de un Estado federal, republicano, solidario, plurinacional y democrático que reconozca el derecho de sus territorios a la secesión por una mayoría cualificada, ya que considera que "el derecho a convivir es algo que no se puede imponer por la fuerza".

   El coordinador federal de IU, Cayo Lara, ha presentado este viernes la Conferencia sobre modelo de Estado que el partido celebrará mañana junto al líder de la coalición en Andalucía, Diego Valderas, quien ha coordinado los trabajos de redacción de un texto base que después deberá ser refrendado por el Consejo Federal de IU.

   El partido afronta este debate desde la base de que, a su juicio, el actual marco constitucional y el Estado de las autonomías está "quebrado" desde que el Tribunal Constitucional rechazó diversos artículos del Estatuto de Cataluña aprobado por las Cortes Generales. Por este motivo, ve con buenos ojos el recurso previo de inconstitucionalidad para estatutos de autonomía.

   Pero además, liga el asunto a la actual situación del Estado debido a las políticas neoliberales "del bipartidismo con la ayuda de CiU" y las desigualdades sociales generadas. En este contexto, han surgido dos posturas: "la recentralizadora del PP que culpa a las autonomías y entidades locales de un derroche excesivo y el incremento de los movimientos independentistas bajo el argumento de un déficit fiscal".

   Por ello, IU quiere ofrecer a los ciudadanos una alternativa basada en un Estado federal que dé solución a los problemas sociales, así como a los de los territorios "dentro de una democracia participativa".

 "No se puede construir un Estado confrontando identidades y territorios. Hay que abordarlo desde el conflicto de clases", ha explicado Lara.

   Y aunque su modelo de Estado incluye el derecho a la secesión de los territorios federados, considera que los ciudadanos deben ser conscientes de que "no todo es autonomía o recentralización" y existen otras posibilidades de "convivir y seguir viviendo juntos". De hecho, Cayo Lara ha aventurado que, a su juicio, en la sociedad catalana serían muchos más los ciudadanos que optarían por seguir conviviendo en un Estado federal que aquellos que elegirían "romper o, por otro lado, dar marcha atrás".

   Pero además, ha reivindicado el papel de IU en este debate y ha recordado que su apuesta por el Estado federal y republicano ya estaba plasmada en un documento de 1996. "Quienes ahora hablan de esto y se quieren sumar, bienvenidos sean", ha apuntado en clara referencia al PSOE. Pese a ello, no ha querido comparar ambos modelos argumentando que el de los socialistas aún no es conocido.

   En este punto, Lara sí que ha hecho hincapié en los derechos fundamentales y ha censurado a los políticos que se dedican a "aplaudir la Constitución cada 365 días y violarla los otros 364 días".

 "Se están pasando la Constitución por el forro de las narices", ha denunciado a la vez que ambos dirigentes han dejado claro que en el nuevo marco de Estado que proponen no tiene cabida el artículo 135 de la Carta Magna pactado por PP y PSOE para garantizar la estabilidad presupuestaria.

   Además, Cayo Lara ha querido valorar el debate sobre la publicación de las balanzas fiscales y el modelo elegido para hacerlo, en el que "cada uno lo hace arrimando el ascua a su sardina". Y aunque ha asegurado que IU apoya su publicación porque las considera "importantes" para conocer "cómo se mueven los recursos", ha defendido que "lo importante son las balanzas sociales".

   "Hay un incremento de la pobreza, el paro, las empresas que están despidiendo con beneficios, las privatizaciones en educación o sanidad. Esas son las balanzas sociales que hay que publicar para descubrir el daño que han hecho las políticas neoliberales de PP y PSOE en alianza con CiU", ha defendido.

   Además, ha evitado entrar en las especulaciones sobre un encuentro entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el de la Generalitat, Artur Mas, y ha defendido que ambos mandatarios deberían hablar sobre las consecuencias que han tenido sus políticas sobre los ciudadanos. "Es bueno el diálogo y el entendimiento, pero son dos polarizaciones que están escondiendo los problemas de sus políticas en Cataluña y España. A ambos les viene bien la guerra de banderas", ha advertido.

La Infanta Cristina, 28 meses apartada de la agenda de la Familia Real, siempre ha tenido el apoyo de Zarzuela

MADRID.- La Infanta Cristina, que declarará mañana como imputada ante el juez que investiga el caso Nóos por un presunto delito fiscal y otro de blanqueo de capitales, lleva casi 28 meses apartada de facto de la agenda oficial de actos de la Familia Real, a pesar de que la Casa del Rey ha manifestado que está convencida de su inocencia.

   El 12 de diciembre de 2011 fue la última vez que se vio a los duques de Palma representando a la Corona en un acto institucional. Fue durante los actos de celebración de la Fiesta Nacional, cuando asistieron junto al resto de la Familia Real al tradicional desfile militar y a la posterior recepción en el Palacio Real.

   Entonces aún vivían en Washington, donde Iñaki Urdangarin trabajaba como directivo de Telefónica. Apenas un mes después de la celebración del Doce de Octubre, estalla el escándalo en torno a los negocios supuestamente fraudulentos que entabló Urdangarin con las Administraciones balear y valenciana.

   Aunque las primeras denuncias sobre la supuesta irregularidad de los contratos firmados con Nóos con estos dos Gobiernos regionales datan de 2006, los registros del 4 de noviembre de 2011 situaron el caso Nóos en las primeras portadas de los periódicos.

   En ese momento empezó un "martirio" para la Casa Real, en palabras del jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, con revelaciones casi a diario en los medios de comunicación en torno a los presuntos chanchullos del duque, pero también con correos electrónicos de carácter más íntimo.

   En respuesta a la presión de la opinión pública ante este escándalo, Zarzuela anunció en diciembre de 2011 que Urdangarin quedaba apartado de la agenda oficial de la Familia Real por haber tenido un comportamiento "no ejemplar" en los negocios que emprendió. ¿Y la Infanta?, preguntaron entonces los periodistas. "Ya veremos", contestó Spottorno.

   Lo cierto es que la Infanta, al igual que su marido, permanece alejada de la agenda de la institución desde el 12 de octubre de 2011. Tan solo se ha dejado ver con su familia en actos de carácter privado, como las visitas a su padre en el hospital.

   En una de estas visitas, tras la primera operación de la cadera izquierda del Rey en noviembre de 2012, los duques de Palma se presentaron en el hospital, donde coincidieron con la Reina, los Príncipes de Asturias y la Infanta Elena.

   Esa aparición de ambos se interpretó como una especie de perdón al duque. Aunque en un primer momento Zarzuela intentó distinguir entre los actos oficiales de la Familia, de los que Urdangarin había sido apartado, de los estrictamente familiares, días después la institución sacó a Urdangarin de su página web para "marcar distancias" de nuevo con el yerno del Rey. Zarzuela reconocía que esa visita al hospital había sido un error porque había confundido a la ciudadanía.

   A partir de entonces, la Infanta ha vuelto a visitar a su padre en el hospital en las tres operaciones siguientes a las que se sometió en 2013 (una de columna y dos de cadera) pero siempre lo ha hecho sin su marido.

   Las apariciones públicas de la Infanta se han limitado así a actos familiares, aunque hubo una excepción en junio pasado: la misa conmemorativa del primer centenario del nacimiento de su abuelo, Don Juan, conde de Barcelona, al que asistieron los Reyes, los Príncipes, la Infanta Elena, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y varios de sus ministros. Un acto familiar, pero al mismo tiempo institucional.

   A lo largo de toda la investigación del caso Nóos, Zarzuela ha marcado diferencias claras entre Urdangarin y la Infanta. Si al primero lo ha ido desvinculando poco a poco de la institución (primero anunció que quedaba apartado de la agenda por su comportamiento "no ejemplar", después le sacó de la página web), ha cerrado filas en torno a la Infanta Cristina.

   Y lo ha hecho porque el propio Rey se ha implicado en su defensa, y consensuó con su hija la elección de sus abogados, el exsecretario general de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) Miguel Roca, amigo del monarca desde los tiempos de la Transición y ponente de la Constitución, a quien apoya el abogado penalista Jesús María Silva.

   Nada que ver con lo que ocurrió tras la imputación de Urdangarin, quien eligió a un abogado de su confianza, Pascual Vives, sin que Zarzuela interviniera en esa decisión. Las diferencias que ve Zarzuela entre una imputación y otra se podrían resumir en las siguientes: que la Infanta es la hija del Rey, que Zarzuela cree en su inocencia y que por tanto considera injusta su imputación.

   De ahí que la Casa Real reaccionara de forma bastante inusual tras conocer la decisión del juez Castro de citar a declarar a la Infanta Cristina como imputada por vez primera en abril de 2013.

   A través de una declaración leída por un portavoz de la institución a las agencias de noticias, Zarzuela expresó su "sorpresa" por el "cambio de posición" del juez José Castro --que en un auto anterior había rechazado imputar a la Infanta-- manifestó su "absoluta conformidad" con la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de recurrir el auto y reconoció su malestar por haber conocido la noticia a través de los medios de comunicación.

   En el entorno de Zarzuela se consideraba que no había habido ningún dato o información nueva que justificase la imputación de la Infanta respecto de los datos que el juez ya conocía en marzo pasado, cuando se mostró en contra de imputarla.

   La Infanta Cristina no forma parte del llamado "núcleo central" de la Familia Real, reservado a los Reyes y los Príncipes, los únicos que viven exclusivamente de los presupuestos que el Estado reserva anualmente para la Casa Real.

   Es la séptima en el orden de sucesión al trono por detrás de su hermano, el Príncipe Felipe; sus hijas, las Infantas Leonor y Sofía; y la Infanta Elena y sus hijos, Victoria Federica y Felipe Juan Froilán.

   Aunque se ha especulado en torno a la posible renuncia de la Infanta Cristina a sus derechos dinásticos, en Zarzuela repiten que se trata de una decisión que depende únicamente de ella. En todo caso, Doña Cristina no ha dado muestras de querer dar un paso así. Desde un punto de vista estrictamente estratégico, tampoco parece el mejor movimiento para alguien pendiente de que un juez decida si la procesa o no.

La hija del Rey de España hace historia con su declaración mañana ante el juez

PALMA DE MALLORCA/BARCELONA.- La infanta Cristina, segunda hija de los reyes de España, responderá mañana sábado ante la justicia por un presunto delito fraude fiscal y blanqueo de capitales, en un caso de corrupción que ha situado a la monarquía en uno de sus momentos más difíciles desde su restauración hace casi cuarenta años.

Cristina de Borbón, el primer miembro de la Casa Real que se sentará en el banquillo, declara por su participación a medias con su marido, Iñaki Urdangarin, en la sociedad Aizoon, a la que se sospecha que el yerno del Rey desvió parte de los fondos públicos con los que supuestamente se enriqueció de forma ilícita.
El acontecimiento, que ha llevado a más de 350 periodistas de 100 medios de comunicación a Palma de Mallorca - la misma ciudad que dio nombre al título de duques de la pareja al casarse - simboliza el alcance de los casos de corrupción surgidos al calor de la burbuja inmobiliaria en España, que han indignado a unos ciudadanos ahogados por cinco años de crisis económica.
"Este es un país en el que la corrupción sale gratis, no caen responsabilidades", dijo María Gomila, una estudiante de 18 años, cerca de la sede de los juzgados, ante la cual unas decenas de funcionarios protestaban contra los recortes públicos y pidiendo luchar "contra la corrupción institucional".
La Casa Real ha tratado de distanciarse de la pareja, que no interviene en actos públicos desde octubre de 2011, pero el goteo de las revelaciones en una instrucción judicial que ya dura más de tres años y el accidente sufrido por el Rey en una cacería en Botsuana en 2012 - tras el cual ha sido operado en varias ocasiones de ambas caderas - han perjudicado notablemente la imagen de la institución.
La popularidad del Rey - muy apreciado durante décadas por su papel en la transición a la democracia - se encuentra en mínimos, y una mayoría de españoles, según los sondeos, quiere que abdique en su hijo el príncipe Felipe, una posibilidad descartada por la Casa Real.El juez José Castro va a ver culminado su intento de interrogar a la infanta, que inició en abril de 2012 con una primera imputación rechazada posteriormente por la Audiencia Provincial de Palma, en un trámite que, recuerda, "se cuenta por miles en el quehacer judicial de España (...) sin que a nadie se escandalice".
Y es que la imputación de la infanta de 48 años, séptima en la línea de sucesión al trono, solo está apoyada por la acusación popular del grupo anticorrupción Manos Limpias y ha sido rechazada por la fiscalía, que ha acusado al juez de apoyarse en una "teoría conspiratoria" para tomar su decisión.
En su auto de imputación, de 227 páginas, Castro afirmó que "no debería parecer tan complicado entender, o quizás explicar, que cuando menos - y se ha de insistir en el paroxismo que de momento es sólo eso lo que se pretende - se ha de brindar a Doña Cristina Federica de Borbón y Grecia la oportunidad de facilitar explicaciones".
El magistrado considera que Aizoon fue una de las sociedades pantalla utilizada por el Instituto Nóos, una entidad supuestamente sin ánimo de lucro presidida por Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres pero que habría malversado fondos públicos por hasta seis millones de euros.
La infanta, como partícipe de la sociedad a medias con su marido, se benefició de "los fondos ilícitamente ingresados" en Aizoon y pagó menos impuestos a Hacienda al cargar gastos personales a la sociedad, señala el juez instructor.Sobre Castro, de 66 años, que ya se atrevió a investigar al expresidente de Baleares, Jaume Matas, condenado por corrupción, es difícil encontrar críticas.
"Es un tío muy recto, lo ha demostrado en varios casos", dijo Josefina Blanco, de 52 años, una abogada que trabaja en los tribunales. "Es muy honesto, trabajador, justo".
El momento más simbólico del descenso a la realidad para la infanta - que lleva días preparando su declaración con sus abogados en Barcelona - vendrá con la entrada en el juzgado, que se hace por una rampa de 30 metros que recorrió ya su marido en dos ocasiones, Torres y los demás imputados, pero para el que ella ha recibido permiso para hacerlo en coche por motivos de seguridad.
Salvo que voluntariamente decida hacer el recorrido a pie ante decenas de cámaras y fotógrafos, es difícil que vaya a haber imágenes del momento, puesto que la declaración se grabará solo en audio y se requisarán los móviles, tabletas y otros dispositivos de los abogados a la entrada.
Las autoridades han establecido un amplio dispositivo policial, con unos 200 agentes y cortes de tráfico en las calles colindantes, ante la perspectiva de protestas con ocasión de la declaración de la infanta, que el año pasado trasladó su domicilio a Suiza en un intento de huir de la atención de los medios.
La declaración podría poner fin a la instrucción del caso Nóos, aunque el juez aún tiene que responder a una petición de Manos Limpias para extender la investigación a los fondos que la candidatura olímpica de Madrid 2016 pagó a otra empresa de Urdangarin.
A partir de ahí, elaborará un auto de procedimiento abreviado en el que incluirá a las personas que cree deben ser procesadas y que puede ser recurrido por las partes, y posteriormente, el auto definitivo de apertura de juicio oral, para el que no hay fecha.


Los abogados vuelan hacia Palma

Los abogados defensores de la infanta Cristina, Jesús María Silva y Miquel Roca Junyent, han tomado esta tarde un vuelo de Barcelona a Palma de Mallorca confiados en que "todo saldrá muy bien" mañana en la declaración ante el juez del caso Nóos, José Castro.
Poco antes de salir de su despacho hacia el aeropuerto de El Prat, Jesús María Silva ha declarado a los periodistas que la infanta se encuentra "bien, tranquila, serena y muy bien preparada" para declarar ante Castro, que la ha imputado por los supuestos delitos de fraude fiscal y blanqueo de dinero.
"Estoy convencido de que va a salir todo muy bien", ha dicho el letrado, que se ha mostrado satisfecho con la decisión del juez de que la declaración judicial de la infanta no se grabe en vídeo y sólo se registre en audio porque "es lo que nosotros pedimos, y me parece muy bien -ha dicho-".
Preguntado sobre si la infanta mañana bajará la rampa de acceso al juzgado de Palma andando o en coche, Silva ha dicho que no lo sabe pero que cree que "no va a depender de ella", aunque él le recomendaría que escogiera "la solución más segura para ella y para todos".
Silva no ha revelado si la infanta ha viajado, viajará hoy a Palma o lo hará a primera hora de mañana, después de que durante toda la mañana de hoy ha estado reunida con sus letrados en el bufete de Roca Junyent preparando su declaración.
El juez instructor del caso Nóos, José Castro, interrogará como imputada a la infanta Cristina para que aclare si participó en delitos de fraude fiscal como copropietaria de la sociedad Aizoon, y si blanqueó mediante gastos privados fondos públicos obtenidos de forma ilícita por su marido, Iñaki Urdangarin.
Tras esta comparecencia, el abogado Miquel Roca Junyent ha anunciado que atenderá a los periodistas en Palma para explicarles cómo ha transcurrido la declaración de la infanta.

La imputación de la infanta Cristina, éxito de la cruzada de Manos Limpias

MADRID.- Cuando el sábado la infanta Cristina comparezca ante el juez tras ser imputada por fraude fiscal y blanqueo de capitales, será la mayor victoria hasta ahora del paladín anticorrupción Miguel Bernad, un abogado que ha perseguido a banqueros, políticos y ahora a la familia real.

Desde una oficina con una habitación en Madrid, el grupo Manos Limpias que encabeza Bernad - una agrupación informal de abogados - ha librado una guerra muy personal contra la corrupción, obligando a los jueces a investigar casos delicados políticamente que de otro modo hubieran caído en el olvido.

Exfuncionario en el ayuntamiento de Madrid - y en el pasado miembro del partido político de ultraderecha Frente Nacional -, Bernad usa un instrumento legal único en el mundo conocido como "acusación popular" para entablar querellas contra terceras partes.

Los jueces pueden optar por admitirlas a trámite o no, y no todas las acusaciones de Manos limpias han conducido a una investigación judicial.

Pero muchas sí han prosperado, y el grupo se ha vuelto clave para perseguir casos de corrupción de alto nivel que afectan a políticos, sindicatos y a responsables de los grandes bancos intervenidos, donde la Fiscalía ha actuado con lentitud o no ha presentado cargos.

Impulsando casos de este tipo, Bernad ha espoleado la lucha contra la corrupción en España, que a menudo ha quedado atascada en el sistema judicial del país.

Mientras el país trata de salir de una profunda crisis económica, los sondeos de opinión muestran que la corrupción es de las principales preocupaciones de los españoles. La corrupción que estuvo detrás del desarrollo urbanístico ayudó a inflar los precios inmobiliarios y el gasto público, llevando finalmente a que España cayera en una crisis fiscal.

Las acusaciones de Manos Limpias contra la infanta Cristina, la hija menor del rey Juan Carlos, han llevado a la primera e histórica imputación de un miembro de la familia real.

Al acusar a la infanta, Bernad ha chocado con el ministerio público, que se negó a seguir con el caso, argumentando que no había pruebas para incriminarla.

El juez de instrucción José Castro rechazó las objeciones de la fiscalía e imputó a la duquesa de Palma basándose en los datos de su propia investigación y en los de Manos Limpias.

"Esto va a marcar un antes y un después... Si se le condena, porque se puede demostrar que ha habido delitos, sería un ejemplo para Europa y para el mundo de que nadie está por encima de la ley", dijo Bernad en una entrevista.

La infanta, de 48 años, afronta cargos de fraude fiscal y blanqueo de dinero a través de una compañía pantalla que compartía al 50 por ciento con su marido, Iñaki Urdangarin.

El duque de Palma está imputado por varias acusaciones de corrupción por haberse enriquecido ilícitamente al hacerse supuestamente con unos seis millones de euros de dinero público que cobraba a los gobiernos autonómicos por organizar conferencias sobre deporte y negocio.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial, hay 1.661 casos de corrupción y delitos financieros que están siendo investigados en España. Esa cifra muestra que el país está avanzando en la lucha contra la corrupción, dijo la Comisión Europea en su informe sobre la corrupción en 2014.

Sin embargo, el informe difundido a principios de esta semana advirtió de que estos casos tardaban mucho en ser investigados. Varios procesos destacados han tardado más de una década en llegar a juicio, e incluso más en tener una sentencia.

Expertos legales españoles dicen que la Fiscalía no es lo suficientemente independiente y no ha lanzado investigaciones en algunos casos, dejando a movimientos como el de Bernad llenando el vacío.

"Cuando el fiscal es consciente de que podría perjudicar su trayectoria no investiga. La acusación popular es el último recurso para abrir una investigación", dijo Andrés Herzog, abogado y político de Unión Progreso y Democracia (UPyD), que ha impulsado querellas de este tipo contra los banqueros acusados de vender fraudulentamente a particulares un complejo instrumento financiero conocido como participaciones preferentes.

Bernad dijo que se sentía frustrado por la falta de acción contra la corrupción que había visto en el ayuntamiento de Madrid y por eso formó su asociación en 1995, inspirado por una investigación por corrupción a nivel nacional en Italia conocida como Mani Pulite, Manos Limpias en italiano.

Bernad dice que unos 32 abogados trabajan de forma gratuita para la organización en toda España, y unos miles de miembros contribuyen con fondos, dando a la asociación un presupuesto anual de unos 50.000 euros.

Los medios españoles se refieren a Manos Limpias como un "sindicato ultraderechista", pero Bernad dijo que era una descripción malintencionada.

Su despacho está decorado con banderas españolas y él se describe como conservador sin afiliación política. Afirma que sus ideas han evolucionado desde que estuvo durante ocho meses en el partido ultraderechista Frente Nacional, y niega que militara en Fuerza Nueva.

"No nos pueden acusar ni de derechas ni de izquierdas ni de centro porque hemos presentado querellas contra la derecha, contra la izquierda, contra los nacionalistas, contra todo el mundo, y contra aquello que perjudica el interés público general", dijo.

Señala a una gran foto del rey Juan Carlos en la pared como prueba de que sus simpatías no contaminan sus batallas legales.

Al usar la acusación popular, Bernad ha recuperado una poderosa herramienta recogida en la Constitución de 1978 como una garantía de democracia. En el pasado, los abogados la usaron para conseguir las condenas contra el ministro socialista del Interior José Barrionuevo y los responsables oficiales que dirigieron los escuadrones de la muerte de los GAL en los años 80 para combatir a ETA y a sus simpatizantes.

"Ha habido muchos casos en los que la acción popular ha sido determinante para que hayan avanzado acusaciones en procedimientos difíciles", dijo José Luis Galán, un abogado del caso GAL.

Los jueces pueden tener en cuenta investigaciones privadas que dan lugar a tales acusaciones. Al presentar cargos preliminares contra la infanta, Castro se refirió repetidamente a las acusaciones hechas por Manos Limpias, así como a sus propias pesquisas.

En un auto de 200 páginas, Castro dijo que había pruebas de que Cristina de Borbón había pagado docenas de objetos personales - desde libros de Harry Potter a clases de baile - con fondos de la compañía fantasma creada para lavar el dinero de la fundación sin ánimo de lucro de Urdangarin, el instituto Nóos.

El juez ordenó que la infanta, que vive en Suiza, donde trabaja para la fundación caritativa de La Caixa, que comparezca en los juzgados de Palma de Mallorca.

Está previsto que pregunte sobre docenas de asuntos en una vista a puerta cerrada en la que la infanta estará acompañada por su abogado, que dice que demostrará que es inocente.

La imagen pública de la familia real ha caído a niveles jamás vistos en la democracia por el caso de corrupción.

Tras la comparecencia, Castro continuará su investigación y o presentará cargos para un juicio o retirará la acusación.

El propio juez ha dicho que puede no poder demostrar que la duquesa de Palma evadió más de 120.000 euros al año en impuestos, en el umbral entre delito y falta.

Pero como parte del caso, Manos Limpias tendría que estar de acuerdo con una sentencia pactada en la que la acusada admitiera el delito y reparara el daño.

"Veríamos; si devuelve el dinero y reconoce la culpa, nos plantearíamos la posibilidad de llegar a esto", dijo Bernad.

La hija del Rey ante la justicia: un terremoto para la monarquía española

PARÍS.- La infanta Cristina, hija del rey Juan Carlos, declara el sábado como imputada por fraude fiscal ante un juez de Baleares, que con su sorprendente convocatoria hizo temblar a la monarquía española.

En el despacho del juez José Castro, sentada frente al retrato de su padre Juan Carlos, colgado en la pared, la menor de las hijas del rey de España deberá explicar si pudo cooperar en los hechos que se imputan a su marido, Iñaki Urdangarin, antiguo medallista olímpico de balonmano, de 46 años, sospechoso de haber desviado fondos públicos.

El magistrado, tras meses de trabajo, emitió el 7 de enero un auto de 227 páginas en el que convocó a Cristina a declarar. Su imputación cayó como una bomba: muy protegida durante mucho tiempo, ahora cercada por los escándalos, la monarquía española está descubriendo que ya no es intocable.

A sus 76 años, tras 38 de reinado, Juan Carlos ofrece la imagen de un rey cansado, a menudo apoyado en unas muletas tras varias operaciones de cadera. El catastrófico deterioro de su imagen se inició hace dos años con el 'caso Urdangarin' y se agravó con una costosa escapada real a Bosuana para cazar elefantes en 2012, que sorprendió en una España golpeada por la crisis.

Las disculpas presentadas entonces al país y el alejamiento de Cristina y su esposo de las actividades oficiales de la Familia Real han conseguido encauzar el problema y ya no es tabú hablar de una eventual abdicación en favor del príncipe Felipe, que encarna a sus 46 años la esperanza de la monarquía.

A lo largo de los meses, la investigación ha ido cerrando el círculo en torno a Cristina, mientras la Casa Real, empantanada en el escándalo, admite querer acabar cuanto antes con lo que su jefe, Rafael Spottorno, calificaba públicamente de "martirio".

El 'caso Noos', la empresa que presidía Urdangarin, "ha sido un problema enorme para la monarquía desde el principio. Lo que ocurre es que al centrarse en la figura de la infanta, el daño se incrementa", por ser la primera vez que un miembro de la familia real "tiene que dar cuentas ante la justicia", explica Ana Romero, corresponsal del diario El Mundo en la Casa Real.

 "El hecho de que fuera desimputada o que la (primera) imputación no siguiera su curso porque fue parada por el fiscal provocó en los españoles un rechazo generalizado", añade.

En efecto, en la primavera de 2013 una primera imputación había sido anulada a petición de la fiscalía. El juez se orientó entonces hacia unas sospechas de fraude fiscal y blanqueo, que la infanta habría cometido a través de Aizoon, una sociedad en la que tiene el 50% de participaciones con su esposo.

Un detallado inventario de gastos

Aizoon podría haber sido una de las empresas pantalla usadas para el desvío de 6,1 millones de euros, del que es sospechoso Urdangarin, junto con un socio, vía la fundación Noos, una empresa sin ánimo de lucro que presidió entre 2004 y 2006. Cristina formaba parte de su dirección.

 "Los delitos contra la Hacienda que se imputan a Urdangarin difícilmente se podían haber cometido sin, cuando menos, el conocimiento y la aquiescencia de su esposa", escribió el juez Castro, pero para la fiscalía "es imposible, dada la cuantía de los gastos personales, que la cuota defraudada alcance el umbral de los 120.000 euros", a partir del cual se considera delito en España.

Examinada en profundidad por el magistrado, la contabilidad de Aizoon deja a la vista desde 2004 gastos dedicados a la renovación de la residencia familiar por 436.703,87 euros, o de orden privado por 262.120,87 euros, que no habrían sido declaradas.

El juez hace un detallado inventario de los gastos personales facturados a Aizoon, algunos anecdóticos, como una "factura de julio de 2009 por la compra de una vajilla (...) por importe de 1.741,55 euros, (...) y de cuya conexión con las actividades de Aizoon SL que fue quien la abonó y recepcionó (...) no resultará fácil convencer". O también "un curso de baile de salsa y merengue prestado en el domicilio familiar" y la "contratación de un 'cocktail' para 81 personas (...) al parecer para celebrar el nacimiento de una de las hijas del matrimonio"... Estas fiestas tuvieron lugar en el Palacete de Pedralbes, comprado por Cristina y su esposo en 2004 en el mejor barrio de Barcelona y puesto a la venta por 9,8 millones de euros.

La declaración de la infanta debería constituir el último episodio de la instrucción abierta en 2010: el juez Castro podrá decidir entonces si el 'caso Noos' desemboca en juicio oral o no.

El abogado de la infanta dice que "ella es inocente y lo va a ver toda España"

BARCELONA/PALMA.- El abogado de la infanta Cristina, el catedrático de Derecho Penal Jesús María Silva, ha asegurado hoy que "ella es inocente, lo dice ella, lo creo yo, y, tan pronto como lo explique, lo va a ver toda España".

En declaraciones a los periodistas, Silva ha reconocido que ayer se reunió con la infanta, y que también lo hará hoy y mañana, para preparar la declaración de doña Cristina ante el juez de Palma de Mallorca que instruye el caso Nóos prevista para el próximo sábado.

Según su letrado, la infanta, que está imputada por delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales, "está bien, está serena y consciente de que (su declaración) es un trámite importante".

Preguntado sobre si la infanta responderá a las preguntas de todas las partes personadas o sólo a las que le formulen el juez y el fiscal, el abogado ha señalado que "es una cuestión estratégica y ya se decidirá en su momento".

El catedrático de Derecho Penal ha explicado que el proceso penal es "nuevo" para la infanta y que, como a muchos de sus clientes, "se les tiene que explicar cómo funciona, es una cuestión de situarse en el contexto".

Aunque no ha revelado dónde y cómo están preparando su declaración, el letrado ha dicho que "hay muchos métodos de preparación de declaraciones de testigos y de imputados".

Sobre la nueva investigación que ha abierto la Agencia Tributaria sobre Aizoon, la sociedad de los Duques de Palma, para verificar si esta empresa ha cumplido todas sus obligaciones fiscales desde 2009, el abogado ha explicado que sólo conocía lo que ha publicado la prensa.

"Esta investigación creo sinceramente que obedece a que el ejercicio de 2009 puede estar a punto de prescribir en junio de 2014, es de trámite, creo que responde a la entrada en plan de los ejercicios de determinadas sociedades", ha opinado el abogado.

Jesús María Silva ha puntualizado que en todo caso se trata de "una inspección administrativa de la Agencia Tributaria, está en vía administrativa y no tiene nada que ver con la vía penal".

La infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin, están alojados desde esta semana en un aparthotel de la zona alta de Barcelona, donde muchos medios de comunicación hacen guardia para intentar captar su imagen.

La infanta, que es la directora del área internacional de la Fundación La Caixa, acudió ayer a trabajar a su despacho en la sede central de esta entidad bancaria, antes de reunirse con sus abogados.

Sólo responderá al juez, la Fiscalía y su defensa

La Infanta Cristina defenderá su actuación al frente del Instituto Nóos y de la sociedad Aizoon, de la que es copropietaria al 50 por ciento junto a su marido, Iñaki Urdangarin, y lo hará respondiendo únicamente a las preguntas que le formulen el juez José Castro, la Fiscalía Anticorrupción y sus propios abogados, tal y como han señalado fuentes cercanas a su defensa.
Según han precisado las mismas fuentes, la hija del Rey don Juan Carlos, citada a declarar como imputada este sábado en el marco del caso Nóos, pondrá de manifiesto la plena confianza que tenía depositada en su esposo y que desconocía cualquier circunstancia relativa a una presunta trama de defraudación de fondos públicos a través del conglomerado empresarial al frente del cual se encontraban Urdangarin y su exsocio Diego Torres.
En una comparecencia que previsiblemente se alargará hasta el mediodía, las preguntas con las que será interpelada la Duquesa de Palma prevén indagar en los pormenores de la gestión de Nóos y de Aizoon, principalmente en lo que se refiere a los ingresos que ésta obtuvo de forma presuntamente ilícita y en las cantidades que habría defraudado a Hacienda, con el objetivo de arrojar luz en torno a hasta qué punto la Infanta era conocedora de las mismas o las auspiciaba.
La encausada eludirá previsiblemente responder a las interpelaciones de las acusaciones populares y del resto de defensas que contemplan asistir a la comparecencia. En concreto, en la declaración estén presentes, por parte del Ministerio Público, el fiscal Pedro Horrach -quien, de no ir solo, estaría acompañado por su compañero Miguel Ángel Subirán-; la abogada del Estado, Dolores Ripoll; la de Manos Limpias, y varios de los letrados que representan a la treintena de imputados que hay en la causa.
Asimismo, el juez Castro estará acompañado en la declaración de la jueza de refuerzo de su juzgado, María Pascual, quien se encarga, desde que el magistrado está volcado en exclusiva en el caso Palma Arena, del resto de causas que se instruyen en el Juzgado de Instrucción nº 3, entre ellas la incoada a raíz la sociedad mallorquina Inversiones Grupo Miralles se querelló contra el empresario José María Ruiz-Mateos y sus seis hijos varones por una presunta estafa de 13,9 millones de euros en el marco de la compraventa del hotel Eurocalas.
La declaración de Doña Cristina, quien en principio volará hasta Palma a primera hora del mismo sábado, conllevará asimismo el refuerzo de la seguridad de la zona con el despliegue de unos 90 agentes de la Policía Nacional -a quienes se sumarán dos Grupos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) formados cada uno por 50 agentes de antidisturbios desplazados desde Valencia-, que se encargarán de velar por que la jornada se desarrolle con normalidad y no se produzcan incidentes con motivo de la manifestación convocada en los aledaños de los Juzgados, según han informado fuentes policiales.
Asimismo, unos 30 policías locales se encargarán de cerrar las calles próximas, retirar los vehículos estacionados en las mismas y regular el tráfico de los alrededores. Más en concreto, desde aproximadamente las dos de la madrugada -del viernes al sábado- serán cerradas las calles Parellades -donde se ubica la parte trasera de los Juzgados y la rampa que da acceso a los mismos-, Jeroni Antich y Pere Dezcállar.
Mientras tanto, a partir de las 9.00 horas -una hora antes de la citación de la Infanta- será cortada Via Alemania -a la que da la puerta delantera del edificio judicial- a la altura de Barón de Pinopar y Pere Dezcállar.
Mientras tanto, hasta 90 medios de comunicación y más de 300 periodistas se han acreditado para dar cobertura a la declaración como imputada de la Infanta, lo que supone una treintena más de medios y un centenar más de informadores que en la primera comparecencia del Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, llevada a cabo en febrero de 2012.
Entre quienes acudirán a la cita judicial se encuentran numerosas emisoras de radio y televisiones europeas -francesas, portuguesas, suizas y alemanas), así como CNN, Al Jazzera y la televisión iraní, además de agencias internacionales del corazón.

La infanta Cristina, una princesa en el ojo del huracán

MADRID.- Rubia y sonriente, casada con un medallista olímpico, madre de cuatro hijos, la infanta Cristina, hija menor del rey Juan Carlos I, ha dado siempre una imagen de princesa moderna, que sufre ahora un duro golpe con su convocación a comparecer el sábado ante un juez.

"Es una persona como todos los miembros de la Familia Real, cordial, educada, agradable, habla muy directa, normal", relata Ana Romero, corresponsal de El Mundo en la Casa Real.

Pero la imagen de Cristina Federica Victoria Antonia de la Santísima Trinidad de Borbón y Grecia, de 48 años, sufrió un duro golpe en enero cuando el juez José Castro de Palma de Mallorca, la imputó por fraude fiscal y blanqueo. El juez intenta dilucidar su eventual vinculación con los negocios de su esposo, Iñaki Urdangarin, sospechoso de malversación de fondos públicos a través del Instituto Nóos, una sociedad sin ánimo de lucro.

Este desvío de fondos se habría llevado a cabo usando como pantalla a la empresa Aizóon, propiedad a partes iguales de la infanta y su esposo.

Cristina, que también fue vocal en la junta directiva de Nóos, ya había sido imputada una primera vez en abril, entonces por presunto tráfico de influencias, aunque la decisión fue anulada por un recurso de la fiscalía.

La imputación ha supuesto un duro golpe para la pareja, durante largo tiempo imagen de la familia perfecta, pero apartada de los actos oficiales de la Familia Real prácticamente desde que en diciembre de 2011 el juez Castro imputó a Urdangarin.

"Ha vivido en su mundo. Se ha sentido hasta hace poco intocable", explica Abel Hernández, escritor especialista de la Casa Real, quien recuerda que "hay que darse cuenta que esta gente vive con la misión, la institución, la casa, la Familia Real: les llaman para ir a actos oficiales? Y de pronto les cae esto encima y dicen '¿qué he hecho?'".

Cristina, nacida el 13 de junio de 1965 en Madrid y conocida como la hija rebelde de la familia, pero también por sus actividades sociales, trabaja desde 1993 para la Fundación La Caixa. Licenciada en Ciencias Políticas en 1989 por la Universidad Complutense de Madrid, es también una gran aficionada al deporte, especialmente a la vela. Conoció a Urdangarin en los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996, en los que éste ganó la medalla de bronce con la selección española de balonmano. Ella misma había sido abanderada del equipo olímpico español en los Juegos de Seúl-1988.

"Es enormemente competitiva y obstinada", aseguraba el escritor Andrew Morton, biógrafo de Lady Di, en el libro 'Ladies of Spain. Sofía, Elena, Cristina y Letizia: entre el deber y el amor', asegurando que fue Cristina quien tomó la iniciativa de cortejar a Urdangarin.

Contrajeron matrimonio el 4 de octubre de 1997, momento en que el Rey concedió el título de duquesa de Palma a su hija, séptima en la línea sucesoria detrás del príncipe Felipe y sus dos hijas, y de su hermana mayor, la infanta Elena y los dos hijos de ésta. La pareja tiene cuatro hijos, nacidos entre 1999 y 2005: Juan Valentín, Pablo Nicolás, Miguel e Irene.

En 2009, la familia se mudó a Washington, donde Urdangarin fue nombrado consejero del gigante español de las telecomunicaciones Telefónica. Allí los sorprendió el 'escándalo Noos', a finales de 2011, y en agosto de 2012 la familia regresó a Barcelona, dando imagen de familia unida ante la adversidad, antes de trasladarse en 2013 a Ginebra, donde la infanta coordina las relaciones de la Fundación La Caixa con agencias internacionales.

Jesús María Silva, uno de los abogados de la Infanta, defiende su inocencia asegurando que es una persona que confía ciegamente en su marido: "Cuando una persona está enamorada de otra, confía, ha confiado y seguirá confiando contra viento y marea en esa persona". Pero según Ana Romero, "la mayoría de los españoles no cree que una mujer universitaria que tiene un alto cargo en una fundación bancaria (...) no supiera exactamente a qué se estaba dedicando su marido".

La Fiscalía pedirá 600.000 euros de responsabilidad civil a la infanta

PALMA DE MALLORCA.- La Fiscalía Anticorrupción solicitará que la infanta Cristina pague en torno a 600.000 euros en concepto de responsabilidad civil a título lucrativo, la mitad de lo percibido por la empresa Aizoon de los fondos públicos presuntamente malversados por el Instituto Nóos entre 2003 y 2007.

Dicha petición quedará recogida en el escrito de acusación del caso Nóos que está preparando la Fiscalía Anticorrupción para cuando finalice la instrucción de esta causa, ya que la declaración de la infanta como imputada el próximo sábado podría ser una de las últimas diligencias que se practiquen, han informado fuentes jurídicas.

La infanta debería hacer frente a dicha responsabilidad civil pecuniaria en caso de que Urdangarin fuera condenado.

La Fiscalía considera que la infanta Cristina no cometió ningún delito penal, pero sí que tendría que responder pecuniariamente por haberse beneficiado como propietaria al 50 % de Aizoon con su marido Iñaki Urdangarin de los fondos públicos presuntamente desviados aunque no supiera de su origen ilícito, tal como determina el artículo 122 del Código Penal.

El fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, abrió la puerta a reclamar dicha responsabilidad a doña Cristina en el escrito que dirigió al Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma el 14 de noviembre de 2013, en el que se oponía a la posibilidad de que fuera citada a declarar como imputada.

En ese escrito afirmaba que "no hay un solo elemento de prueba" que vincule a la infanta "con actividades delictivas propias o ajenas", pero puntualizaba: "Sin perjuicio de las responsabilidades civiles que, en su caso, puedan derivarse respecto de doña Cristina de Borbón al amparo de lo establecido en el artículo 122 del Código Penal (participación a título lucrativo)".

También el juez instructor, José Castro, adelantó la posibilidad de que, aunque quedara descartada la comisión de delitos fiscales y de blanqueo de dinero, se podría considerar a la infanta "participante a título lucrativo" en los presuntos actos ilícitos de Urdangarin.

"Este precepto es totalmente aséptico de cualquier elemento intencional y solo requiere el dato objetivo de haberse lucrado de los efectos de un delito o falta", recordaba Castro en el auto de imputación de la infanta del pasado 7 de enero.

El instructor planteaba esta hipótesis para defender que, si cabe la posibilidad de pedir a doña Cristina que devolviera el dinero presuntamente ilícito del que se lucró, es preciso "brindar a tal persona la posibilidad de escuchar su versión".

La infanta está citada a declarar como imputada este sábado en los Juzgados de Palma a partir de las 10.00 horas.

Con tal propósito, la Policía Local ya ha situado varias señales de prohibición de aparcar en las calles aledañas a los Juzgados, como medida preventiva de seguridad para esta declaración.

Mientras tanto, operarios de las dependencias judiciales acondicionaban hoy la sala donde prestará declaración doña Cristina.

Más de 300 periodistas de 90 medios de comunicación se han acreditado para informar de la comparecencia de la infanta que se producirá cuando ya han transcurrido tres años y medio desde que comenzara la investigación de este caso.

El Rey exhibe su recuperación en la recepción al cuerpo diplomático

MADRID.- Este miércoles todas las miradas estaban puestas en los movimientos y la fluidez verbal del Rey, que se enfrentaba a su primer acto con discurso desde su reaparición en la Pascua Militar del 6 de enero. Y salió airoso. Ha leído de corrido, sin titubeos, su mensaje al cuerpo diplomático acreditado en España y ha exhibido que su recuperación sigue adelante al entrar en el salón de tronos del Palacio Real apoyado en una sola muleta, del brazo de su ayudante.

El monarca ha aprovechado la ocasión solemne para pedir a los jefes de misión destacados en España que ayuden a impulsar la candidatura para formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU en el bienio 2015-2016. "Si tenemos el honor de ser elegidos, serviremos a la comunidad internacional con una voz independiente, promoviendo el diálogo y tendiendo puentes", ha dicho.

Ante la mirada del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el monarca ha hablado también de la situación económica. "Aunque subsisten problemas muy graves, hay motivos para el optimismo -ha dicho-. A esta mejoría ha contribuido de forma relevante el sector exterior".

Don Juan Carlos ha estrenado hoy la nueva iluminación de su atril para evitar sustos. Fue eso, la mala luz, aunque también los "nervios", según admiten en Zarzuela, lo que le jugó una mala pasada a principios de enero. Ahora, a una semana de que la infanta Cristina declare como imputada por el caso Nóos, todo parecía controlado.

Hacienda abre una investigación administrativa a los duques de Palma por Aizoon

MADRID.- La Agencia Tributaria (AEAT) ha abierto una inspección oficial a Aizoon, de carácter administrativo y no penal, para comprobar si la sociedad de la que son coopropietarios los duques de Palma ha cumplido con sus obligaciones fiscales desde 2009, primer año que no estaría prescrito. 

Fuentes de Hacienda ha recalcado que este procedimiento nada tiene que ver con el 'caso Nóos', si bien deriva de los datos recopilados en este sumario. La sanción, en el caso de confirmar irregularidades, sería siempre económica (una multa).

En esta causa hay ya decenas de documentos que la infanta Cristina e Iñaki Urdadarin abonaron, a cuenta de las arcas de la compañía familiar y no del sueldo de la infanta o su marido, costosos viajes al extranjero, de estancias en lujosos hoteles, de comidas en restaurantes, de fiestas privadas, de cursos de formación en 'coaching', empresas de ocio infantil, de lecciones de bailes. En total 262.120 euros. O que cargaron como gastos de empresa 436.703 euros de la reforma del palacete de Pedralbes.

La Fiscalía no quiere dos acusaciones populares contra la infanta Cristina

PALMA DE MALLORCA.- La Fiscalía no quiere dos acusaciones populares contra la infanta Cristina el próximo sábado. Y propone mezclar el agua y el aceite. O lo que es lo mismo que el conservador Sindicato Manos Limpias y Civil Frente Cívico 'Somos Mayoría' (el colectivo que dirige Julio Anguita) se una en una sola acusación y bajo la "dirección letrada" de Virginia López-Negrete, la abogada del colectivo de derechas. 

El fiscal Pedro Horrach hace esa petición en un escrito presentado al juez del caso Nóos, José Castro, quien deberá, ante de nada, decidir si resuelve esta sugerencia antes de que la hija del Rey comparezca el fin de semana en los juzgados de Palma.

Horrach enmarca su petición en un intento de "de racionalización y ordenación del proceso tendente a salvaguardar el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, toda vez que la actuación separada de las acusaciones, derivaría en una más que previsible grave demora en la tramitación de la causa".

Según Anticorrupción, la fusión de ambas acusaciones sería posible porque existe "convergencia de intereses" entre el sindicato ultraconservador y la plataforma de Anguita. "No son las opiniones, los fines o las convicciones ideológicas o las motivaciones de las personas físicas o jurídicas que actúan en el proceso, lo que debe ser tomado en consideración para apreciar la convergencia y unidad de intereses en su actuación procesal sino la existencia de razones objetivas, inexistentes en el presente procedimiento, que justifiquen la necesidad de una particular defensa y representación, dadas la identidad en el hecho punible que se denuncia y en la persona del imputado, elemento objetivo y subjetivo que conforma el objeto del proceso penal".

Para Pedro Horrach, "se trata de evitar que, en procedimientos como el presente, en que el número de acusaciones Populares no deja de crecer, se ocasionen dilaciones indebidas que perviertan el objetivo que precisamente debe animar a dichas Acusaciones: que se imparta justicia".

Nada dice el fiscal de las otras dos acusaciones populares que hay en este procedimiento y que jamás pidió unirse: el Partido Popular, que nunca ha acusado, y el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Valencia, que no se ha mostrado especialmente combativo contra la hija del Rey.

El PSOE vería bien que la Familia Real publicara su patrimonio, pero deja la decisión en manos de Zarzuela

MADRID.- El PSOE hará una "valoración positiva" de cualquier medida que tome la Casa del Rey para ser más transparente, como la publicación del patrimonio de los miembros de la Familia Real, según ha avanzado su portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez, quien, sin embargo, ha evitado animar expresamente a la Monarquía a desvelar los bienes de todos sus miembros y ha dejado en manos de Zarzuela cualquier iniciativa en este sentido.

   Esta es la respuesta que ha dado, por tres veces, la dirigente socialista durante la rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso tras la reunión de la Junta de Portavoces, un día después de que la Jefatura del Estado revelara que las operaciones de cadera del Rey han costado 165.000 euros y que desde este año tanto la Reina como la Princesa de Asturias contarán con una asignación específica.

   Rodríguez no ha querido comentar el hecho de que Zarzuela haya hecho públicos estos datos en vísperas de la declaración de la infanta Cristina como imputada en el 'caso Nóos' y se ha limitado a saludar estas muestras de transparencia.

   Tras recordar que el PSOE intentó sin éxito que un representante de la Casa del Rey compareciera en el Congreso para informar de cómo se reparte la asignación presupuestaria con la que el Rey cuenta cada año, la portavoz ha dejado claro que los socialistas saludarán cualquier decisión que suponga avanzar "con normalidad" en la dación de cuentas por parte de la Casa del Rey.

El PNV exige conocer el patrimonio de la Familia Real

MADRID.- El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha avisado este martes a la Jefatura del Estado de que no debe hacer una "interpretación" restrictiva de la Ley de Transparencia y que, además de informar de cómo se reparte el dinero público entre los miembros de la Familia Real, debe dar a conocer el patrimonio de cada uno de ellos.

   En declaraciones en la Cámara Baja, Esteban ha expresado su preocupación por la interpretación que, a su juicio, se hace desde Zarzuela de la Ley de Transparencia porque difiere de "la voluntad" de quienes, como su formación, la apoyaron.

   Desde su punto de vista, la Monarquía considera que es libre para decidir hasta dónde se aplica la ley y para practicar una "transparencia limitada", que afecte sólo a temas administrativos de la Casa del Rey.

Por contra, Esteban sostiene que si la propia Jefatura del Estado dice que en este tema es equiparable al Congreso debe actuar en consecuencia. En este punto, ha recordado que el patrimonio de todos los diputados se puede consultar en Internet y que, por tanto, debería poder hacerse lo mismo con el de cada uno de los miembros de la Familia Real.

La Infanta y Urdangarin están en Barcelona para preparar su defensa

BARCELONA.- La Infanta Cristina y su esposo, Iñaki Urdangarin, se encuentran en Barcelona y se han reunido con sus abogados para preparar la declaración de este sábado 8 de febrero ante el juez de Palma José Castro como imputada en el caso Nóos.

   Este martes la hija del Rey ha sido fotografiada por La Vanguardia en la cafetería de un hotel en compañía de un abogado del bufete Molins & Silva, despacho que lleva su defensa junto a Miquel Roca i Junyent, mientras su marido estaba en una mesa cercana con amigos.

   Según el diario, la razón fundamental de la presencia de la Infanta en Barcelona es ensayar junto a sus abogados las posibles preguntas que el juez le hará tras imputarla por delito fiscal y blanqueo de capitales, así como las que formularán las otras partes personadas en el caso.

El Rey pone por primera vez un sueldo a la Reina y a la princesa de Asturias

MADRID.- La "dedicación" de la Reina y la princesa de Asturias a tareas relacionadas con la jefatura del Estado tendrá por primera vez en 2014 un reconocimiento pecuniario. 

El Rey ha decidido asignar a doña Sofía un salario equivalente al 45% de su propio sueldo, esto es, 63.234 euros anuales, y a doña Letizia, el equivalente al 35%, es decir, 49.183 euros. "Es más justo, más profesional y más transparente", señalan en Zarzuela.

Hasta ahora, la Reina y la princesa percibían una cantidad anual en concepto de gastos de representación. En los presupuestos, esa partida genérica englobaba también a las infantas. 

Ahora, las cuentas de 2014 especifican que la Reina y la princesa recibirán un sueldo y además 68.505 euros en el caso de la Reina por ese concepto de gastos de representación y 53.282 euros en el caso de la princesa.

La infanta Elena podrá percibir hasta 25.000 euros en función de su participación en actos oficiales. Cristina dejó de percibir una asignación similar después de ser apartada de los actos oficiales en 2012 como consecuencia del escándalo Noós.

Las hospitalizaciones del Rey en 2013 costaron 165.000 euros

MADRID.- Las tres hospitalizaciones a las que tuvo que ser sometido el Rey el pasado año tuvieron un coste de 165.189,22 euros que salieron del presupuesto que el Estado destinó a su Casa. Un presupuesto que ascendió a 7.933.710 euros.

El Palacio de la Zarzuela ha informado hoy, por primera vez, de la ejecución de sus cuentas correspondientes al último ejercicio. Es un gesto que responde al "espíritu" de la ley de Transparencia aprobada hace unos meses y cuya aplicación no es aún obligatoria.

Entre los datos ofrecidos se encuentra el del coste de la hospitalización que tuvo lugar en marzo del pasado año, en la clínica de La Milagrosa, cuando don Juan Carlos fue operado de una doble hernia discal, y las que tuvieron lugar en septiembre y noviembre para hacer frente a la infección surgida tras su última operación de cadera. Cabe recordar que los cirujanos, el doctor de la Torre y el doctor Cabanela, respectivamente, no cobraron.

Letizia Ortiz renunciaría a la custodia de sus hijas en caso de producirse el divorcio de los Príncipes

MADRID.- La crisis del matrimonio de los Príncipes de Asturias, maquillada como “altibajos de pareja” por el Palacio de la Zarzuela, salta a la esfera pública en el momento más crítico para el Rey y su familia. A escasos meses para que la pareja cumpla diez años casados, ‘La Otra Crónica’ de El Mundo dibuja el escenario en el que se encontraría Doña Letizia en caso de producirse la disolución legal del matrimonio. 

Lo más conflictivo afecta a la custodia de las hijas de la pareja, que quedarían exclusivamente a cargo de la Casa del Rey.

En 2004, la periodista de Televisión Española Letizia Ortiz dio un vuelco radical a su vida. Sustituyó su ocupación profesional por la formación palaciega, que incluyó clases de protocolo, Historia o idiomas. Sin embargo, no sólo había que pulir a la futura princesa de Asturias. La maquinaria legal de Zarzuela se ocupó desde el minuto cero de blindar legalmente el matrimonio del Heredero al trono.

Don Aurelio Menéndez, fundador del prestigioso bufete Uría Menéndez y antiguo preceptor de Don Felipe, se encargó de preparar las capitulaciones matrimoniales. Según fuentes de la Casa Real, los contrayentes pactaron casarse en régimen de separación de bienes. Poco a poco, se fueron negociando el resto de puntos. Abrumada por tanta burocracia, Letizia pidió a su primo, David Rocasolano, que echara un vistazo al documento final en calidad de abogado.

"Yo era un abogado joven, pero ya había leído centenares de capitulaciones matrimoniales. Suelen tener dos o tres folios. El legajo que me entregó Letizia tendría 40 o 50", narra en su polémico libro. "En caso de separación, mi prima no iba a tener problemas. Le quedaba una asignación. Algo más que una asignación, se debería decir. Una residencia de verano y otra de invierno. O sea, también algo más que una residencia. Con su servicio y sus cosas. La vida solucionada, en resumen".

Del contrato firmado ante notario semanas de la boda, poco más se sabe. Las capitulaciones se inscribieron en el Registro Civil específico que tiene reservado la Familia Real en el Ministerio de Justicia, donde figuran los cambios que afectan al Rey, a la Reina, y a los ascendientes y descendientes del Rey en primera línea, así como los del Príncipe de Asturias y su esposa.

Según destaca el artículo de La Otra Crónica, el punto más conflictivo del trámite notarial fue el tocante a la custodia de los hijos en caso de divorcio, ya que Letizia debió darla por perdida. Leonor y Sofía seguirían residiendo en Zarzuela y su formación sería asunto exclusivo de la Corona, motivo al que aluden muchos para explicar por qué la Princesa permanecerá al lado de Felipe contra viento y marea.

Según explica la vicepresidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia, “no se puede renunciar a los derechos futuros, y menos negociar con los derechos de los menores; en este punto, un acuerdo prenupcial tendría poco valor”.

Respecto al estatus de la Princesa una vez se divorciase de Don Felipe, las capitulaciones contemplan que perdería el título de Princesa de Asturias y el tratamiento de Alteza Real. Si el matrimonio solamente se separase (sin disolver su vínculo), mantendría el título y el tratamiento, en atención a que es la madre de la futura Reina.

Todo apunta a que, a día de hoy, es poco probable que los Príncipes tomen una decisión tan drástica sobre su situación, especialmente teniendo en cuenta que Don Felipe es católico y concibe el matrimonio como “único e indisoluble”.

Una de las últimas disputas entre los Príncipes tuvo lugar el pasado 5 de enero durante la cabalgata de Pozuelo de Alarcón. Al darse cuenta de que una reportera gráfica estaba sacando estampas de la familia, la Princesa Letizia mantuvo con ella una agria disputa:

“¡De ninguna manera voy a dejar que me fotografíes! Eso vale mucho dinero”, exclamó, ante la total indiferencia del Príncipe Felipe, que desde el otro lado de la calle, ni siquiera miraba a su esposa.

Jaime Peñafiel: "Elena es la preferida del Rey y el Príncipe de la reina Sofía, a la pobre Cristina nadie la quiso nunca"

MADRID.- En plena crisis de la Casa Real española, el Príncipe Felipe cumple 46 años, tantos como heredero al trono de España. Para analizar una jornada importante en el Palacio de la Zarzuela, el periodista experto en la Corona, el controvertido e incombustible Jaime Peñafiel, visitó el plató de 'El Gato al agua' de Intereconomía TV. Peñafiel participó del debate nocturno y explicó los entresijos de la situación actual de la Familia Real.

"El Príncipe Felipe es de esos hijos de un padre al que yo he amado mucho. Mi vida profesional corre paralela a la de El Rey..."

"La Infanta Elena es la preferida de El Rey y el Príncipe es el preferido de la reina Sofía. A la pobre Cristina nadie la quiso nunca. Es la más independiente y es la primera que abandonó esa casa [...] La Infanta Cristina no tuvo una portada de ABC, y ni siquiera Franco la menciona en su diario".

Y es que resulta que la Infanta Cristina no pasa por su mejor momento vital, con problemas con la Justicia y con una fuerte crítica por parte del pueblo. Proseguía Peñafiel ante las preguntas de Javier Algarra: "La Zarzuela ha dicho que el matrimonio del Príncipe pasa por los altibajos normales, ¿pero está felizmente casado?"

"No, no... Yo no soy monárquico, hasta hace poco era juancarlista, ahora ya no sé lo que soy, soy Jaime Peñafiel. Yo supe desde el primer momento, el día en que se produjo el compromiso, y lo escribí en El Mundo, y yo estaba indignado. Dije en un artículo muy cínico que pedía perdón a Camila Parker porque la prensa aquí dijo que no podía ser reina porque era divorciada. ¡Y el Príncipe anunció la boda con una divorciada! Y lo de Isabel Sartorius habría sido terrible, porque era una chica muy guapa pero bipolar".

"Yo dije que Letizia no era la persona adecuada, igual que lo dije de Urdangarin. Lamento haber acertado. El Príncipe ha cometido graves errores, como la boda con Letizia, ella no quiere ser Princesa más que de 9 a 2 y los fines de semana libres".